Lleva razón el liquidador del PSOE, Pedro Sánchez, cuando afirma que la corrupción asedia al presidente de la nación. Pero no solo al presidente, también a todos los partidos y, fundamentalmente, a las instituciones públicas que son, junto a los ciudadanos, las víctimas de tanto cortabolsas con cargo público.
A la corrupción no se le combate desde las cabeceras de un periódico. Desde allí se denuncia, se presiona y se ayuda a crear conciencia social; pero la lucha contra la corrupción no se hace a través de declaraciones, ni de intenciones, sino con realidades legales, judiciales y policiales. Este país no necesita más opiniones sobre lo que hay que hacer, sino realidades, hechos y ejemplos.
La ciudadanía no reclama comisiones de investigación políticas, ni monográficos en los hemiciclos. Eso le viene al pairo a la ciudadanía.
Lo que reclama el ciudadano son más medios, físicos y legales, para perseguir sin descanso este cáncer que asola a España. Desde la educación con un básico “no robarás”, al fortalecimiento de unidades policiales y judiciales especializadas en este tipo de delito, algo que vaya mucho más allá de la actual Fiscalía Anticorrupción o la UDEF.
Pasando por una legislación más severa,diáfana y con más herramientas para luchar contra este tipo de delincuencia.
El país pasa por un momento tan grave que puede acabar con la actual forma de Estado. La necesidad imperiosa de medidas extraordinarias contra la corrupción es cuestión de Estado.
Es lamentable asistir al interés electoralista y falta de sentido común de la oposición al negar su apoyo a un Gobierno que, hasta la fecha, ha sido el único que ha puesto, negro sobre blanco, medidas legislativas contra la corrupción, la última hace 72 horas, obligando a diputados y senadores inmersos en una causa judicial contra la corrupción a abandonar su cargo.
Todo ello sin perder de vista que la insólita actividad judicial y policial que los casos de corrupción están teniendo es debido a que el actual Gobierno de la nación, constituido por el Partido Popular, garantiza un sistema judicial que puede perseguir a los corruptos, juzgarlos y condenarlos. No creo que ocurra lo mismo en ningún país con gobierno populista y, de hecho, esto no ha ocurrido nunca bajo un gobierno socialista que, en el caso de la Junta de Andalucía, ya ha sido advertida por obstaculizar a la justicia.
No hay corrupto sin corruptor, pese a que el inductor a la corrupción sea el mismo corrupto. A tenor de las dimensiones cuantitativas y cualitativas de los casos que han aflorado a la luz, la lista de empresas y empresarios que han soltado la mordida es más amplia.
No solo es sinvergüenza el político que practica el robo, también el que lo facilita; y tengan a buen seguro que cuando el empresario suelta 2 para la mordida es porque se lleva 6 de más. El empresario que facilita la corrupción no es una víctima sino otro ladrón sin escrúpulos sobre el que debería caer tanta condena como sobre el político.
