Parece que la corrupción y el desempleo se han instalado en nuestro país definitivamente. Y además, van de la mano. Ambas variables, que se retroalimentan mutuamente hasta no saberse cuál de las dos es la causa de la otra, se han convertido en las principales preocupaciones de los españoles, según el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). De ahí la oportunidad de la convocatoria de manifestaciones contra la corrupción y el paro en la mayoría de ciudades españolas.
Como hemos dicho en otras ocasiones, la corrupción es una lacra de la humanidad. Una epidemia que amenaza por igual a todos los países, independientemente de su régimen político, que empobrece a las poblaciones y hace retroceder el progreso y el bienestar. Es el signo más evidente de la insolidaridad. El desempleo es otra epidemia. La cara más trágica de la globalización. Afecta a más de 200 millones de personas en todo el mundo, de los que 74 millones son jóvenes. En Europa llega casi a los 25 millones, de los que más de cinco corresponden a España, que lidera el ranking.
Pero, ¿qué relación tiene la corrupción con el desempleo?. Para el profesor Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, los altos beneficios que obtienen los corruptos (o presuntos corruptos, como Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular) generan un sobreprecio en las obras y en los servicios públicos, que, evidentemente, pagamos entre todos en forma de impuesto implícito. Además de lo anterior, en muchos casos estas decisiones comportan una falta de control de calidad de los materiales, o de medidas de seguridad, sanitaria o laboral. Incluso riesgos medioambientales, construyendo, por ejemplo, en zonas protegidas. También generan grandes cantidades de dinero opacas que incrementan la economía sumergida, reduciendo los ingresos públicos y aumentando el riesgo de dumping social. Pero su coste más importante, a su juicio, es el de oportunidad, lo que se deja de ganar, al impedir la libre competencia y ahuyentar a los potenciales inversores.
En el último informe de la OCDE, publicado en enero de este año, se denuncia que en España apenas se investigan los pagos de sobornos a los funcionarios extranjeros. Es más, los expertos admitían estar alarmados por el bajo número de investigaciones de este tipo desarrolladas en España (sólo siete en los últimos trece años). También denuncian la limitada información facilitada por las autoridades españolas para elaborar dicho informe. En el mismo mes conocíamos la noticia de que la Comisión Nacional de Competencia había impuesto 224 millones de euros por acuerdos secretos para fijar precios a empresas de distintos sectores. Los más altos fueron para las empresas que conectan la península con Baleares (52 millones de euros) y las que operan en el Estrecho (18 millones). Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción ha informado que las denuncias por abusos de las empresas de telecomunicaciones, banca y eléctricas se han duplicado en el último año.
Hace tiempo nos llamó la atención la información dada por la ONG alemana Transparency International sobre corrupción en el mundo. España se mantenía en el puesto número 31, con 65 puntos sobre 100 (máxima transparencia), lo que significa, por ejemplo, que somos más corruptos de Barbados y Bahamas, empatamos con Botswana y sólo estamos algo por encima de Estonia. Es decir, como decíamos entonces, seguimos siendo un país de pícaros que en temas de corrupción y desempleo, no solo no ha habido avances, sino que hay notables retrocesos.
Ante este panorama es muy difícil acordar soluciones entre los grandes partidos de la escena política nacional. La principal razón es que todos tienen pequeñas corruptelas que ocultar. Fundamentalmente la tremenda red de “clientelismo político” que han tejido a su alrededor para garantizarse la reelección, violentando para ello los principios de publicidad, mérito y capacidad en los concursos de productos, o de puestos de trabajo. Sólo veo una salida. La pacífica y constante protesta ciudadana. No queda otra. En momentos difíciles sólo la voz del pueblo es la que tiene la fuerza suficiente como para hacerse oír. Ha ocurrido así a lo largo de la historia de la humanidad. Sobre todo en los últimos 300 años, que es en los que se ha producido el mayor avance tecnológico y productivo jamás conocido. No podemos dejar nuestro destino en manos de charlatanes y tiralevitas que se arrebujan en torno al Poder, para servir de altavoces mediáticos a las interesadas consignas que provienen de los que quieren mantener a toda costa el desigual reparto de la renta mundial. Además de una obligación moral, ya se ha convertido en una cuestión de supervivencia de nuestra especie en la Tierra.
