Solo en un año la Guardia Civil de Ceuta inhibió algo más de 150 narcodrones. Muchos de ellos iban dirigidos a la cárcel de Mendizábal para abastecer de droga o teléfonos móviles a determinados internos. Hoy la situación ha cambiado y son “contados” los elevadores interceptados por los profesionales de la Benemérita o detectados por los propios funcionarios de la cárcel.
La reapertura de la frontera y el trabajo de control hecho a nivel de prisiones y de las propias fuerzas de seguridad se han encargado de prácticamente anular lo que terminó convirtiéndose en todo un negocio.
Cuando en plena pandemia a uno de los narcos locales de Ceuta se le ocurrió emplear los drones para intercambiar hachís por pastillas estaba abriendo lo que se convirtió en una máquina para ganar dinero.
Tanto que se ejecutaron hasta dos grandes operaciones con el objetivo de anular la infraestructura que operaba a pleno rendimiento para esta alternativa al pase de droga tradicional. El impacto en los negocios de los narcos fue puntual, siempre supieron rearmarse para organizar los vuelos de la droga contando con la connivencia de enlaces en el vecino país.
La cárcel de Mendizábal, objetivo de muchos de esos pases, incorporará en breve el sistema fijo de inhibición EnforceAir que ya ha tenido a prueba con éxito. Precisamente una de las capacidades de este sistema es su habilidad para distinguir entre drones amigables autorizados y los hostiles no autorizados.
La prisión de Alhaurín de la Torre ha sido la pionera en su ubicación ante el auténtico asedio que estaba viviendo con las introducciones constantes de mercancías ilegales como drogas y teléfonos móviles, sobre todo, además de alcohol o todo tipo de pastillas. Mercancías que iban destinadas a los presos.
Ceuta, como también Melilla, serán objetivo de esta instauración fija de sistemas de control para garantizar un mayor blindaje evitando el contacto de la población penitenciaria con el exterior y la introducción de material que puede suponer un quebradero de cabeza para la seguridad de un recinto como la cárcel.
En muchas de las intervenciones, las fuerzas de seguridad dieron con contactos permanentes entre expresidiarios e internos para mover la mercancía ilegal y atender las peticiones cursadas desde la propia penitenciaría.
Recientemente los sindicatos de prisiones han advertido sobre la peligrosidad de estas alternativas para la comisión de delitos, puesto que al igual que intenta colarse droga o teléfonos, pueden introducirse pequeñas armas blancas o piezas para la fabricación de artefactos, lo que puede ser peligroso para los propios funcionarios, ajenos a que la población interna puede disponer de esos medios lesivos.
El objetivo común de las prisiones de España más afectadas por la intrusión de estos elevadores pasa por mejorar su seguridad evitando que puedan acceder al recinto privado mediante la inhibición que provocará la caída del aparato y, por tanto, la pérdida de la carga que pudiera portar anulando la entrega al destinatario.
Una vez abierta la frontera y debido a la presión ejercida por las fuerzas de seguridad así como el blindaje que adoptó la cárcel, el negocio del pase de drogas con encargos directos a los internos está casi anulado.
En los drones no solo se pretende el pase de drogas o teléfonos móviles sino que además se ha intentado colar pequeñas piezas que pueden tener efectos letales.
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