La plantilla de Hércules sale a la calle porque no cobra. Sale a la calle mostrando la desprotección en la que se encuentran, sin cobrar pero viéndose obligados a cumplir con su jornada laboral. Se movilizaron, les prometieron soluciones, cesaron las movilizaciones y viendo que los meses siguen igual, sin ver un duro, tienen que volver a la casilla de salida.
Esto en sí mismo es un drama del que tiene su parte de culpa la administración. La tiene desde el momento en que no es más escrupulosa con las contrataciones y no se imponen criterios garantistas en las ofertas y adjudicaciones que se hacen, aplicándose una especie de blindaje que impida esta situación. Hemos llegado a un momento en el que empresas con solvencia e historia, alejadas de las polémicas y fieles al pago a sus trabajadores, ven cómo otras se llevan contratos incurriendo en ofertas tan bajas que no pueden ser igualadas. Es imposible. La administración no es tonta y sabe que esos contratos terminarán causándoles quebraderos de cabeza por la mala imagen que se termina dando o porque no se puede cumplir con la labor como se aspira.
Hay otro perjuicio mayor. Esas empresas formales que sí pagan a sus plantillas, que las mantienen con dignidad y que han sorteado muchos obstáculos para subsistir se ven obligadas a tener que despedir al personal porque se quedan sin adjudicaciones. Algunas lo están pasando tan mal que temen echar el cierre.
Ante estas circunstancias algo habrá que hacer y rápido. Porque las penalizaciones no funcionan, la buena fe en que las empresas oportunistas cambiarán tampoco y la imagen que llega es la de familias que no cobran y que por tanto no pueden mantener a sus dependientes.
Si esto fuera un problema único con una empresa concreta no sería motivo de preocupación, siquiera podría llegar a ocupar un corto espacio en los medios de comunicación. Pero el problema es que se ha convertido en práctica común y que asistimos a vicios cíclicos que juegan con los propios trabajadores, familias de Ceuta que no hacen sino engordar la pobreza local.
Tiene que haber una mayor protección para evitar que no se produzca esta cadena de afectados y que no se le tome el pelo a una administración que al final tiene que pagar el doble por prevalecer lo barato e inasumible.
La ruina viene por partida doble, por las consecuencias de estas prácticas y por quienes pudiendo ofrecer un mejor servicio fueron apartados del camino.
