La Ciudad ha puesto el dedo en la llaga: ¿qué prevalece, los derechos de los ciudadanos o los de los empresarios? La cuestión tiene que ver con la contaminación acústica y con el grado de permisividad que tiene que tener la institución municipal a la hora de otorgar licencias a establecimientos que puedan derivar en un incremento de los niveles de ruido. La respuesta a la cuestión la dio ayer el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez: se atenderá a los ciudadanos. Es decir, prevalecerá su salud. No le queda otra respuesta, después del varapalo dado por el TSJA que ha puesto orden en el descontrol que había en Ceuta en materia de ruido. Ahora, con el anuncio de la reforma de las ordenanzas, la advertencia de control de las terrazas, y el posicionamiento al lado del ciudadano, solo queda esperar a que las soluciones lleguen y a que no se sigan produciendo sangrías en toda regla en este ámbito. Son muchos los ceutíes que han padecido y padecen las consecuencias de un olvido de la administración. Si ahora se reconduce el camino, bueno será porque, sencillamente, se habrá hecho justicia tras permitirse auténticos dramas.
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