Llamadas periódicas, asesoramiento y escucha activa. Son solo algunos de los ejemplos que trata de poner en práctica la Policía Nacional en Ceuta para atender a las víctimas de violencia de género. Este año el cuerpo de seguridad se ha hecho cargo de 209 mujeres, que han estado bajo estado de protección.
Todas ellas están dentro de un nivel de riesgo u otro; la mayoría responde a una escala alta y baja, con 61 personas registradas en cada una de ellas. Ocho del total se encuentran en situación de riesgo extremo y 29 en no apreciado.
Actualmente hay tres empleados del servicio que se reparten estos casos y, en los más leves, colaboran los policías locales, que se responsabilizan de estos expedientes.
Las evaluaciones determinarán en parte las actuaciones a aplicar con la involucrada. Una vez que solicitan una orden para contar con salvaguarda, se les asigna un agente en particular para llevar su caso.
A él podrá acudir las 24 horas del día y el mismo se hará cargo de realizar llamadas periódicas porque, en muchas ocasiones, la afectada no se dirige a este por miedo, tal y como ha explicado Cristina Cano, jefa de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en la ciudad, en una ponencia este miércoles.
Ella se ha personado en la biblioteca Adolfo Suárez para participar en el I Seminario para la Mejora de la Coordinación en el Tratamiento de la Violencia de Género. Su objetivo no es otro que el de intercambiar con la sociedad cuáles son los procedimientos policiales en este ámbito y la difusión de estos conocimientos.
Son tres los pilares que fundamentan la intervención en este terreno. El primero, es el de las denuncias; el segundo, la labor de prevención y, por último, las medidas de custodia, que se ejecutan una vez que se ha procedido a realizar los trámites pertinentes.
Desconocimiento
Uno de los mayores retos por parte de la Policía Nacional es combatir el desconocimiento que existe en torno al paso a paso de la protección policial, así como de los distintos recursos a los que pueden acogerse estas mujeres.
Cano ha asegurado que precisamente esta falta de saber es la que lleva a muchas de ellas a no presentar una denuncia y a continuar con su realidad en silencio. A este condicionante hay que añadir dos más que ponen en una mayor situación de vulnerabilidad a las implicadas. Se trata de la presencia de una discapacidad o el hecho de ser una inmigrante.
Este último perfil, en muchas ocasiones, teme acudir a las instancias oficiales porque cree que, de hacerlo, la deportarán a su país en caso de no contar con la documentación reglada.
Cano ha hecho hincapié en la necesidad de trasladar toda la información posible y en romper con esta incertidumbre que las empuja a no recurrir a esta herramienta.
Denuncia
A pesar de que interponer una denuncia es relevante, lo es más la propia víctima, según ha especificado la jefa de la UFAM en Ceuta. “Tiene que ser el centro de todo”, ha comentado. “Hay muchas que no tienen claro si dar el paso, pero que vienen para saber cómo es. No conocen en muchas ocasiones qué les espera”, ha detallado. De hecho, desde su posición, tratan de que “no se vayan sin denunciar”.
“Estamos disponibles tanto para las que quieren hacerlo como las que no”, ha destacado. Asimismo, tratan de ofrecer todas las facilidades que le son posibles para que esto se produzca y no dejen la comisaría con las manos vacías.
Se les otorga un tratamiento preferente, es decir, que se da prioridad a estos casos y se relacionan con ellas con una actitud de respeto y comprensión. “Es cierto que a veces manifiestan temas inverosímiles, pero es importante no cuestionarlas. Hay que tener en cuenta que el miedo tergiversa la realidad”. A todo esto es necesario sumar una escucha activa.
Cuando se efectúa el acta, se las acompañas cuando es preciso para “que no se sienta sola” y se trata de evitar la repetición de actuaciones policiales.
Traslados y acompañamientos. “La acompañamos para que no se sienta sola. Evitamos repeticiones de actuaciones policiales para no revictimizarla. Se les da parte de cuáles son sus derechos y se procede a una orden de protección que también puede extenderse en Europa en el caso de que la afectada decida mudarse a otro país para que así esta medida también tenga efectividad en el extranjero”, ha agregado Cano.
Se les comunica cuál es su grado de riesgo, qué acciones se van a adoptar y se establece un canal de contacto permanente a través de la asignación de un policía. Se les indica cuáles son sus posibilidades si no quieren volver al domicilio o no lo tienen o se les facilita un teléfono de atención, entre otros aspectos.
Protocolo 0
La presentación de los hechos a las autoridades no es el único camino para injerirse en estas circunstancias. Existe el llamado ‘Protocolo 0’, que son las actuaciones de oficio a través de las que se detectan a posibles víctimas.
Se acude al lugar de los hechos, se toma declaración a la víctima y se da cuenta de ello a la autoridad judicial. El objeto es evitar que se cometa el delito mediante la personación del agente para que la separe a ella del agresor y recabe información con testigos. “Muchos se perpetran en la intimidad y no suele haber muchos, pero se puede preguntar, por ejemplo, a vecinos que hayan dado la voz de alarma”, ha mencionado Cano.
Se investiga lo sucedido con la recopilación de objetos u armas usadas y se procede a la tramitación del atestado policial. Siempre se desarrollan estas acciones en coordinación con las autoridades judiciales.
Se incautan dispositivos electrónicos para tener pruebas de quebrantamiento, aunque a día de hoy incluso no es necesario si la involucrada enseña capturas de pantallas u otros documentos que certifiquen lo que ha ocurrido. “Un caso distinto sería que se trate de un vídeo de cierto contenido que ha difundido el agresor”, ha señalado. “Esta medida es cada vez más importante”, ha recalcado. A su vez, se registran las lesiones con fotografías.
No es infrecuente que en estos supuestos se den las llamadas denuncias cruzadas. La mujer expone lo que le ha acaecido y en respuesta el autor da parte de haber sufrido violencia doméstica
Evaluación
La valoración de cada historia parte del policía a cargo de la protección. “No hacemos conjeturas. Recopilamos hechos”, ha subrayado Cano.
Se tienen en consideración detalles como las características del agresor, como, por ejemplo, si ha sido violento con terceros o cuál es su situación personal; se observan los patrones de vulnerabilidad como el hecho de tener una discapacidad y si hay agravantes, es decir, si esta mujer anteriormente ha vivido experiencias similares; por último, se estudia si hay menores y cómo se ha dirigido el involucrado hacia ellos ya sea con amenazas de causarles daño o retirarlos de su madre.
Otro de los aspectos de los que se cuidan mucho es si el causante es menor a 24 años ya que, Cano ha insistido en varias ocasiones durante la conferencia, hay un alto índice de sucesos de esta naturaleza entre jóvenes. “Aunque esté algo encubierta, existe esta violencia”, ha aseverado.
Confiar en el sistema
La jefa de la UFAM en Ceuta ha puesto énfasis en la necesidad de que la víctima no se quede con un mal sabor de boca cuando acude al cuerpo de seguridad. “Es importante ya que eso va a determinar que vuelva a venir para exponer los hechos o para comunicar que sabe de alguien que está en una situación parecida”, ha comentado.
Eso hará que confíe más o menos en el sistema, un factor a valorar si se acuden a las estadísticas. Los porcentajes muestran que el grueso de los casos llega a través de las denuncias en dependencias policiales.
