El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por los gobiernos autonómicos de Aragón, Cantabria y Extremadura contra el real decreto aprobado por el Gobierno central para la reubicación de menores inmigrantes no acompañados procedentes de zonas como Ceuta.
Este mecanismo, que afecta directamente a territorios como Ceuta y Canarias, establece la derivación de unos 4.400 menores a comunidades autónomas con recursos menos saturados. La medida ha generado un amplio rechazo político en algunas regiones, especialmente en aquellas gobernadas por el Partido Popular, como Aragón.
Según ha informado el TC en un comunicado, esta decisión se suma al recurso ya admitido de la Comunidad de Madrid, también contrario al decreto de reubicación aprobado por el Consejo de Ministros.
En sus recursos, las tres comunidades autónomas recurrentes plantean la posible vulneración de varios artículos de la Constitución Española, en particular los que regulan el reparto de competencias entre el Estado y las autonomías, así como los principios de autonomía, solidaridad y autonomía financiera.
El Gobierno aragonés, especialmente crítico con esta norma, no solo ha recurrido el decreto ante el Constitucional, sino que también ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En ella cuestiona la legalidad del requerimiento del Gobierno central que exigía a las autonomías comunicar cuántos menores podían acoger, así como la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia donde se abordó esta cuestión.
Por su parte, el Ejecutivo central ha anunciado su propio recurso ante el TC contra la negativa de Aragón a cumplir con la obligación de comunicar esos datos dentro del plazo establecido, inicialmente hasta el 31 de marzo. Ante el nuevo incumplimiento del plazo ampliado, el Gobierno ha informado de la presentación de un recurso contencioso-administrativo adicional.
Ceuta, junto con Canarias, es uno de los territorios de origen más afectados por la saturación en los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados. La presión migratoria sostenida ha colocado a la ciudad en una posición especialmente sensible respecto al reparto de responsabilidades.
El decreto busca aliviar esa sobrecarga trasladando menores a otras comunidades, un modelo que el Gobierno defiende como necesario para garantizar una respuesta solidaria, eficaz y conforme a los derechos de los menores. Sin embargo, los recursos presentados y su admisión a trámite podrían generar incertidumbre sobre la aplicación práctica del plan en el corto plazo.
Pese a la admisión de los recursos, el Tribunal Constitucional no ha suspendido la aplicación del decreto, por lo que su ejecución puede continuar mientras se resuelve el fondo del asunto. Aun así, el proceso abre un nuevo capítulo de tensión institucional entre el Gobierno central y varios ejecutivos autonómicos, que podría afectar directamente a ciudades como Ceuta, cuyo sistema de acogida se encuentra en una situación crítica.
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