El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta dictó ayer sentencia condenatoria firme para 6 de las 7 personas acusadas de formar parte de una organización criminal y de un delito contra la salud pública.
Los acusados, algunos de los cuales están en prisión desde el año 2012, que fue cuando se procedió a los arrestos, optaron por aceptar una conformidad y asumir así su incriminación solo en un delito contra la salud pública, retirándose por parte del Ministerio Fiscal la que pesaba por existencia de grupo criminal. Los hechos objeto de acuerdo judicial forman parte de una investigación basada en intervenciones telefónicas y seguimientos que procedía de la La Línea, y con la que se pretendía desmantelar un grupo que se dedicaba al uso de veleros para traficar con droga, buscando así burlar los controles de las fuerzas de seguridad. La Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Algeciras mantenía un control sobre un matrimonio del que tenían sospechas de sus prácticas delincuenciales, vinculadas al tráfico de estupefacientes entre Marruecos y la península. En agosto de 2012 llevaron a cabo la primera actuación sobre parte de los acusados, al interceptar un velero a unas tres millas del puerto de Sotogrande. Sus tres ocupantes, también acusados en este proceso, entraron en multitud de contradicciones a la hora de poder dar una explicación sobre qué hacían y a dónde iban. Vigilancia Aduanera no interceptó hachís, pero sí que continuaron con sus indagaciones sobre el grupo. Así, tras conseguir orden judicial para pinchar más teléfonos móviles, supieron del intento de carga de otra embarcación tipo Tomahowk que estaba atracada en el puerto deportivo y sobre la que se pensaba iba a colarse un cargamento de hachís de 150 kilos. Este salto de La Línea a Ceuta hizo que el juzgado de allí se inhibiera en favor del número 1 local, lográndose la intervención sobre la embarcación dentro de la cual se encontraron varias bolsas de deporte cargadas con algo más de 64 kilos de hachís. Vigilancia Aduanera concluyó en sus investigaciones que detrás de esta trama figuraban los siete detenidos, con papeles diversos: cabecillas, meros gomeros y un único ceutí como administrador de la mercancía. Se consideraba que todos tenían relación entre sí y que hacían uso de esas embarcaciones para colar la droga desde Marruecos y Ceuta hasta los puertos deportivos ubicados en el sur peninsular, con la idea de no llamar así la atención. La Audiencia había previsto dos jornadas de vista judicial, ayer y hoy, pero las negociaciones entre las Defensas y el Ministerio Fiscal hicieron posible la firma de un acuerdo que permitió cerrar este caso. Un acuerdo que contemplaba la retirada de la acusación respecto de la única mujer detenida, E.S.F., a la que se le consideraba cabecilla y jefe de grupo junto a su marido. Respecto a su pareja, I.L.L. y los llamados V.T. y F.D.F., se acordaron penas de 4 años y 6 meses de prisión por reconocer un delito contra la salud pública, retirándose el delito de integración en grupo criminal. A esta pena se le añaden dos multas de 98.608 euros cada una, con 3 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago por cada una. En el caso de estas tres personas, llevan ya cumplidos más de dos años de condena, ya que han permanecido en prisión preventiva desde que fueron detenidos. Por último, respecto de los acusados A.T., M.A.M.G. y A.H.A., se acordó penas de 2 años y dos multas de 49.304 euros cada una, con 3 días de responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago. En el caso de estas tres personas, al carecer de antecedentes penales, el tribunal de la Sección VI les aplicó la suspensión de la pena durante el plazo de 3 años. En esta historia lo más curioso del modo de proceder de los procesados era la forma que habían elegido para la introducción del hachís, buscando el movimiento por los puertos deportivos para no levantar sospechas.
