El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha condenado a H.M.A. por un delito contra la seguridad vial. El acusado ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de 12 meses a razón de 6 euros diarios por conducir sin permiso y otra de medio año de prisión por hacerlo de forma temeraria. El Ministerio Fiscal no se ha opuesto a la suspensión de la pena de cárcel siempre y cuando el acusado abone la multa, haga un curso de educación vial y no vuelva a delinquir en los próximos 5 años.
Los hechos a los que se ha hecho referencia en esta conformidad ocurrieron el 16 de mayo del año pasado. El acusado conducía una motocicleta por la avenida de África a sabiendas de que carecía de permiso de conducir por pérdida total de los puntos, y sin el casco de uso obligatorio por la Dirección General de Tráfico.
Los agentes le dieron el ato al ver esta infracción, momento en el que el acusado emprendió la huida a gran velocidad con total desprecio a las más elementales normas de seguridad vial poniendo con ello en peligro a peatones y otros vehículos. Incluso uno de los agentes tuvo que apartarse rápidamente para evitar ser atropellado. Acto seguido empezó una persecución al acusado, que circuló por la acera e invadió la calzada en sentido contrario a la circulación hasta tomar una rotonda al revés.
Piden 12 meses de prisión por quebrantamiento
Por otra parte, el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha dejado visto para sentencia un juicio en el que la misma persona está acusada de otro delito de quebrantamiento. El Ministerio Fiscal, tras escuchar las distintas versiones, ha mantenido su escrito inicial y ha solicitado una pena de 12 meses de prisión. La Defensa, por su parte, ha pedido la libre de absolución de su representado.
Los supuestos hechos ocurrieron en una vivienda situada en la calle Zuloaga. Los agentes de la Policía Local han señalado que recibieron un aviso por parte de la Policía Nacional que en la calle Murillo se estaba realizando una obra ilegal. Tras la llegada de los agentes comprobaron que era cierto y preguntaron a vecinos del lugar para conocer la autoría de estas ejecuciones. La vecindad indicó que se trataba del acusado que vivía en calle Zuloaga.
Los agentes se personaron y comprobaron que se encontraba en la vivienda y que no poseía de licencia para las obras. Después de realizar la oportuna denuncia administrativa apareció que el acusado no podía residir en ese domicilio al contar con una orden de alejamiento de su esposa. Los policías realizaron una investigación y comprobaron que no se estaba cumpliendo la orden judicial.
Esta versión fue rechazada en todo momento por el acusado. H.M.A. ha asegurado que reside en esa vivienda porque su mujer abandonó la familiar y ahora se encuentra en Los Rosales. También ha insistido una y otra vez en que no incumplió ninguna orden judicial, que era conocedor de ella y por eso la respetó en todo momento.
