El Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha condenado a una vecina de nuestra ciudad que en marzo de este año fue detenida por la Guardia Civil en la frontera cuando cruzaba el paso del Tarajal con productos de pastelería.
Se le impone una condena de 9 meses de multa con una cuota diaria de 7 euros al considerarla criminalmente responsable de un delito de resistencia. La sentencia no es firme y ha sido recurrida en apelación.
Así, se considera probado que el 28 de marzo de 2024, la llamada A.K. se encontraba en el control de peatones del puesto fronterizo del Tarajal portando entre sus pertenencias varios productos de pastelería cuya introducción no está permitida.
Los agentes de la Benemérita procedieron al decomiso de la mercancía para arrojarla al contenedor, momento en el que la ahora condenada, “desafiando a la autoridad” que los guardias civiles representaban, “comenzó a proferir gritos y realizar aspavientos desoyendo los requerimientos a la calma”, señala su señoría.
Considera probado el magistrado titular del Penal 2 que, finalmente, la mujer “se abalanzó sobre los bienes que habían sido requisados y empujó a uno de los guardias civiles que la instaban a avenirse a lo requerido”.
Este suceso originado en la frontera y motivado por el polémico debate sobre el movimiento de mercancía entre un país y otro no es el único que ha terminado en los tribunales.
En este caso, que culminó además con una denuncia por contrabando, el Ministerio Fiscal había solicitado una pena de 1 año de prisión. En la vista oral que se celebró el pasado 25 de junio pudieron escucharse dos versiones enfrentadas, la de la acusada que negaba los hechos y la de los guardias civiles que insistieron en el delito cometido acontecido cuando procedieron a decomisarle “muchos dulces, manteca y ropa deportiva falsa” cuya entrada estaba prohibida por normativa.
Asociaciones como AEGC han criticado duramente las circunstancias en las que los guardias civiles tienen que ejercer el llamado control del tendero, lo que deriva en agresiones por parte de ciudadanos que pagan con ellos la intervención de alimentos prohibidos.
De hecho, la entidad defensora de los derechos de los guardias civiles reclamó una política informativa para la OPE ante el desconocimiento que marroquíes que regresan a sus hogares de residencia pueden tener de lo que está permitido pasar y lo que no.
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