Los guardias civiles sufrimos el fenómeno de la inmigración, porque a nadie le gusta ver las penurias de mujeres, niños y hombres que por desesperación tratan de llegar a un mundo mejor. Un mundo en el que no les será fácil vivir, pero cualquier lugar es mejor que de donde vienen. Los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado tenemos la obligación de impedir el paso a las personas que intenten entrar a nuestro país sin la documentación preceptiva, pero esto no nos impide comprender su desesperación ni pedir que se les garantice los derechos constitucionales sin que sufran lesiones innecesarias. Esta aseveración puede chocar a las mentes retorcidas, pero un buen profesional tiene la obligación de garantizar la seguridad física y jurídica de los inmigrantes y, una persona con el mínimo de humanidad, puede entender que la desesperación lleva a estas personas a saltar vallas, a cruzar continentes y océanos.
Esta semana hemos emplazado al Ministerio del Interior a que se retiren las concertinas que, a modo de cuchillas, serpentean las vallas de Ceuta y Melilla, porque estamos hartos de ver morir a personas en la frontera y estamos hartos de ver como se producen cortes y lesiones innecesarias. Una sola muerte es multitud. Hartos de las mafias que se lucran de las desgracias de estas personas. Hartos de recoger ahogados.
Somos capaces de llegar a la Luna, pero inútiles para ingeniar medios que impidan saltar la valla a los inmigrantes sin sufrir lesiones que provoquen la muerte o que las cuchillas de las concertinas les causen lesiones graves. Seguro que existen multitud de posibilidades físicas para lograrlo, desde chorros de agua a presión, alambradas donde no se queden atrapados como animales; leyes entre países que hagan desistir a estas personas y, sobre todo, políticas de desarrollo económico, social y democrático para esos países. Hemos hecho pública nuestra intención de denunciar a la Comunidad Europea nuestra negativa a la instalación de las concertinas y que se retiren las mismas, porque producen un sufrimiento innecesario a las personas que tratan de trepar la valla y porque las mafias que se dedican a esta actividad no dudarán de lanzar a cientos de personas por donde consideren necesario, porque a estos delincuentes solo les interesa el dinero y poco el sufrimiento de los inmigrantes.
En los artículos publicados hemos hecho mención a la muerte de Sambo Sadiako, que perdía la vida desangrado sobre la valla, otros también perdieron la vida al intentar pasar o en el propio perímetro. Tampoco podemos olvidar a una mujer que se quitó la vida por estrés al ser interceptada. Muchas muertes de personas desesperadas y muchos delincuentes que ven en la desesperación una fuente de ingreso segura.
Hemos pasado del tradicional intento pacífico a la agresividad de muchos de ellos, que aleccionados por las mafias intentan pasar agrediendo físicamente a los guardias civiles, policías o incluso a las fuerzas de seguridad de Marruecos, provocando un aumento de la tensión a ambos lados de la frontera entre inmigrantes y fuerzas de seguridad. Esta es una de las razones por la que pedimos patrullas mixtas a ambos lados de la frontera, compartir información sobre los responsables de las mafias y, sobre todo, leyes más duras contra los responsables ideológicos de provocar tantas muertes, tanta violencia, tanto sufrimiento.
Pensamos que gastamos mucho dinero en crear barreras físicas que lesionan a los inmigrantes y poco dinero en crear barreras que no dañen e impidan el paso; que invertimos poco en erradicar las mafias que se dedican a fabricar sufrimiento a tantas personas; que faltan leyes y mecanismos internacionales que hagan desistir a estas personas porque se garantiza su expulsión y, sobre todo, impulsar medidas económicas, políticas y sociales, donde la falta de libertad y la garantía de los derechos humanos no sea uno de los motivos que provocan el éxodo de millones de personas en el mundo.
Este es el pensamiento de los guardias civiles democráticos, somos profesionales encargados de garantizar la seguridad de nuestras fronteras, pero también los responsables en que se le respeten los derechos constitucionales a las personas que llegan a nuestro país y no dudaremos en poner a disposición judicial a los que intenten quebrar los derechos de estas personas.
