Con derecho a réplica

Escribo estas líneas, que le ruego publique literalmente, en el ejercicio del derecho de rectificación que me asiste y en respuesta a las noticias que sobre mí aparecieron en el periódico que Vd. dirige los días 21 de julio de 2013 y  23 de marzo de 2014. La primera se anuncia tras los siguientes titulares: “Un ex profesor de la UGR lleva al Juzgado al director del MEC y D. Gómez declara como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias.

Se investiga cómo accedió su esposa a un contrato docente a tiempo completo”. La segunda la encabezan los siguientes: “Un Vicerrector de la UGR, imputado con el director provincial del MEC y D. El Juzgado ve también indicios de posible tráfico de influencias en Luis Miguel Jiménez y otros dos cargos de la institución nazarí”.
No he respondido hasta ahora porque mi devoción ciega por la Administración de Justicia me ha obligado moralmente a guardar silencio sobre un asunto que está sub iúdice, por mucho que las noticias dejaran en entredicho mi imagen pública y la de mi mujer (Carmen Morón Pérez). Sin embargo, la misma devoción ciega que, por mi condición de jurista, le tengo a la Administración de Justicia, se la tengo también a la Universidad de Granada, a la que me enorgullece pertenecer como profesor de su Facultad de Derecho. Es, pues, el menoscabo del buen nombre de la Universidad de Granada, a la que directamente se alude en la segunda de las noticias, lo que me ha hecho dirigirme a los medios.
De entrada diré, para alejar cualquier sospecha respecto de la seriedad y objetividad de la UGR a la hora de contratar a sus profesores, que mi mujer accedió a un contrato de profesor a tiempo completo en virtud de un concurso público, que fue resuelto por una comisión imparcial en atención, única y exclusivamente, a sus méritos académicos; no en vano está acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) al cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, siendo la única profesora del Grado en Administración y Dirección de Empresas de Ceuta que la ostenta. Para evitar cualquier sombra de duda sobre sus méritos, se adjunta un resumen de su currículum, con el ruego expreso de que sea publicado junto a la presente carta.
En el citado concurso público participaron 6 concursantes, entre ellos, Carmen y el denunciante. Carmen quedó primera, con 65,97 puntos y el denunciante cuarto, con 8,63 puntos. El denunciante no interpuso ningún tipo de reclamación en vía administrativa o contencioso-administrativa, como hubiera sido lo lógico si consideraba que había habido algún tipo de irregularidad. En lugar de eso interpuso una denuncia frente a mí y frente a mi mujer.
La denuncia, que es una mera conjetura, se resume en que todo, incluyendo el cambio de una asignatura entre Departamentos, se ha cocinado en otros ámbitos de alto nivel, al margen y sin el conocimiento de los órganos competentes para ello, en base a la influencia que yo he ejercicio por mi cargo sobre la Universidad de Granada. A su vez, la capacidad que me otorga la denuncia para influir sobre la Universidad de Granada deriva del hecho de que ésta recibe todos los años una “subvención” del Ministerio de Educación, cuya cuantía depende de mí, directa o indirectamente, como Director Provincial de Ceuta.  
En el mejor de los casos, la denuncia sólo puede explicarse por el desconocimiento absoluto que el denunciante tiene del funcionamiento de la Administración, en general y de la universitaria, en particular. A este respecto, para quienes no estén familiarizados con el procedimiento administrativo universitario, simplemente, quiero hacer constar lo siguiente:
1º.-Que, respecto de asignaturas vinculadas a distintas áreas de conocimiento, los Departamentos universitarios implicados son soberanos para acordar cambios de asignaturas de uno a otro Departamento. Para ello se exige el acuerdo de sus Consejos, que son órganos colegiados a los que pertenecen los profesores, el personal de administración y servicios y una representación del alumnado. En el cambio de la asignatura que la denuncia atribuye a un tráfico de influencias ejercido por mi persona, mediaron sendos acuerdos de los Consejos de los Departamentos a los que la misma está vinculada, es decir, del Departamento de Derecho Financiero y Tributario y del de Derecho Mercantil y Derecho Romano. Hablamos, por tanto, de dos acuerdos, uno de un órgano compuesto por 43 miembros –el Consejo de Derecho Financiero- y otro por 34 –el de Derecho Mercantil-.
2º.-Que lo que la Universidad de Granada recibe cada año del Ministerio no es una “subvención”, como cree el denunciante, sino una transferencia corriente cuya aprobación no compete al Director Provincial de Ceuta, ni siquiera el Ministro de Educación, sino a las Cortes Generales que establecen su importe para cada ejercicio en los Presupuestos del Estado.
No quiero extenderme más en pormenores, pero para aquellos lectores que quieran alguna aclaración o justificación adicional de lo que he relatado les dejo mi dirección personal de correo electrónico, con el ruego de que dirijan a ella cuantas consideraciones estimen oportunas, comprometiéndome a atenderlas gustosamente:cecilio.gomez.cabrera@gmail.com.
Termino con un último comentario que considero fundamental para limpiar la maltrecha imagen que de la Universidad de Granada dan las noticias que han motivado estas líneas. Me refiero a la identidad del denunciante. En el relato que aparece en la prensa, al denunciante se le identifica simplemente como a “un ex profesor de la Universidad de Granada”. De este modo parece darse a entender que la Universidad no sólo ha favorecido injustamente a mi mujer, lo que no es cierto, sino que, además, con su proceder ha motivado la pérdida del puesto de trabajo del denunciante. Pues bien, no es justo que se dé esa imagen porque el denunciante es D. José Ignacio Gómez Hidalgo, Juez Togado Militar de Ceuta.
D. José Ignacio impartió docencia en la Universidad de Granada durante un cuatrimestre, pero no lo hizo porque hubiera ganado concurso alguno, sino porque la persona que ganó dicho concurso, Carmen Morón, hubo de renunciar a él, al ser ya profesora asociada de la Universidad de Granada y no admitir esa figura contractual su ampliación a tiempo completo.
Con anterioridad a D. José Ignacio, la docencia que él asumió fue impartida por su esposa, Dª. Silvia Baz Vázquez, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ceuta. Dª. Silvia, al igual que su marido, tampoco ganó concurso alguno, quedando en segundo lugar con 22,22 puntos, frente a los 69,62 puntos que obtuvo la ganadora, Carmen Morón.
Quiero decir con ello, que los concursos que se convocaron en el Departamento de Derecho Mercantil para impartir docencia en Ceuta fueron ganados por mi mujer, sin que pudiera asumir esa docencia por no permitirlo su situación contractual. Al autorizar el Departamento de Mercantil que dicha docencia sea asumida por el de Derecho Financiero se ha posibilitado que la misma pudiera ser impartida por la persona que siempre había ganado los concursos convocados a tal efecto y que, además, cabe presumir, es la persona más cualificada para ello, dándose la circunstancia, finalmente, de que con anterioridad a Dª. Silvia era una única profesora la que impartía la docencia correspondiente a las asignaturas de Derecho Financiero y Derecho Mercantil. La situación actual es, pues, la misma que existía antes de la llegada de Dª. Silvia a la Universidad.
Así de simple es la historia del presunto tráfico de influencias que, según el denunciante, he cometido. No me siento orgulloso de contar lo anterior ante un medio de comunicación, hubiera preferido no tener que hacerlo, pero creo que la imagen de una institución de tanta solera y tradición como es la Universidad de Granada y sobre todo, la de algunos de sus cargos, de una intachable trayectoria académica y humana, como el Vicerrector, mi Maestro -el Profesor Eseverri- o el Secretario del Departamento de Financiero, merecían unas líneas desmintiendo que en Ceuta la Universidad de Granada haya cometido irregularidad alguna en ninguna contratación. Pienso también, finalmente, en mi mujer, entregada durante tantos años a sus alumnos, a los que tanto quiere y, cómo no, en mis hijos, quienes han de soportar que sus padres sean injustamente presentados ante esta Ciudad como delincuentes; no es justo.
Le quedo muy agradecido por su atención.