Compromiso con la legalidad y los derechos

En estos momentos difíciles que atravesamos y que previsiblemente se mantendrán los próximos meses o años, las organizaciones firmantes queremos hacer un llamamiento al entendimiento cordura y convivencia a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los que legítimamente representan, a toda la sociedad y al resto de componentes de las policías autonómicas y locales.  Porque estas condiciones van a resultar imprescindibles para superar de la mejor manera posible los difíciles momentos en que se encuentra nuestra sociedad, nuestro país y muchos millones de conciudadanos.  Además de en aquellos a quienes representamos, pensamos especialmente en los millones de personas en paro y los miles de ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza, pues son el eslabón más débil y, por tanto, sobre quienes repercute de forma más importante las decisiones que adopten los responsables del Gobierno.
En primer lugar queremos dirigirnos a nuestros afiliados, a los miembros de ambos Cuerpos de Seguridad del Estado y a los compañero/as de otras policías autonómicas y locales. Y lo hacemos pidiéndoles que apliquen la ley con la flexibilidad que requiere esta delicada situación social en la que vivimos. Hay que evitar, en la medida de lo posible, situaciones de grave conflicto. Se trata de aplicar la ley pero con sentido común para así resolver las situaciones que se planteen de la manera más pacífica posible.
Esta petición es extensible, como máximos responsables de la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los delegado/as y subdelegado/as del Gobierno, a los mandos policiales y a los responsables políticos de todos los cuerpos de seguridad, tanto estatales, como autonómicos y locales.
No se deben impartir órdenes a los FFCCSE que ni se puedan ni se deban cumplir, por encontrarse fuera de nuestras competencias y de la legalidad en nuestro sistema jurídico. Por ejemplo, que un cuerpo de seguridad sea encargado de pasar lista de funcionarios cuando han convocado una huelga o de grabar a los asistentes a una manifestación pacífica y convocada legalmente. Tampoco, por ser actuaciones contrarias a las leyes y un atentado a los derechos civiles y a la convivencia, deben imponerse, como se está haciendo, políticas de seguridad pública de identificaciones intensivas, cacheos, controles rutinarios en calles de ciudades y pueblos, presiones para elevar el número de multas de tráfico, o la aplicación de sanciones desproporcionadas en aplicación de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana a personas, normalmente jóvenes, en paro o con salarios muy bajos.
Esta práctica ordenada desde las más altas instancias del Ministerio del Interior y llevada a cabo de forma intensiva en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se apoya legalmente en el derecho de identificación que poseen los agentes. Además estas prácticas sólo contribuyen a crispar aún más la tensión de una sociedad duramente castigada por la crisis. Y se basan en el maquillaje de la estadística y no en la mejora de la seguridad pública.
Todo ello obliga a actuar de forma racional y mesurada. Algo que  no está ocurriendo con la exigencia de identificaciones masivas e indiscriminadas a los policías que prestan servicios de seguridad en las calles o con la retirada de complementos a los agentes que menos personas identifiquen o que menos multen. En cuanto a esta última cuestión creemos que debe revocarse la exigencia de un número de sanciones a los agentes de tráfico. España está en situación de emergencia y eso debe traducirse en un replanteamiento de todas estas políticas sancionadoras cuyo fin primordial parece ser el de la recaudación económica.
A los ciudadanos les pedimos que cumplan la ley en cuanto a solicitud de manifestaciones. Que establezcan su servicio de seguridad y que denuncien o dejen aislados a los infiltrados violentos, si los hay, en cualquier manifestación y así facilitar su detención e identificación. La fuerza de la razón se obtiene con el número de personas que secunden la manifestación o el acto concreto de protesta, pero nunca se conseguirá por la sinrazón de la fuerza de quienes siendo pocos precisan recurrir a la violencia.
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también somos ciudadanos y trabajadores. Por tanto, sabemos y sufrimos de forma directa la complicada situación que estamos viviendo.  Trabajamos para una sociedad que, estamos convencidos de ello, sabrá estar a la altura de las circunstancias. Y Esperamos que nuestros políticos también sean capaces de estarlo.