El Colegio de Médicos de Ceuta pide retirar un decreto impuesto "sin consultar previamente a los profesionales sanitarios"

El organismo ceutí de profesionales sanitarios ha difundido esta misma tarde un comunicado en el que muestra su rechazo al Real Decreto Ley 29/2020 del 29 de septiembre y pide, además, su retirada inmediata. Este texto legal permite, entre otras cosas, la concesión temporal de algunas competencias propias de los profesionales a quienes aún no han obtenido su titulación. Las razones, como era de esperar, están relacionadas con aminorar los daños de la crisis sanitaria que actualmente atraviesa el mundo entero por la COVID-19. Sin embargo, y pese a esta premisa, desde el Colegio de Médicos de Ceuta ponen en duda la eficacia de estas medidas que, dicen, nos alejan además de la normativa común europea.

Este es el argumentario que, punto por punto, exponen desde la entidad ceutí y que han remitido para su difusión a los medios de comunicación:

1. La sociedad, los ciudadanos en general, y los pacientes en particular, deben conocer que este Real Decreto Ley se ha elaborado sin la participación de la profesión médica en clara infracción de lo dispuesto en el artículo 2.b del Real Decreto 1018/1980 de 19 mayo, en el que se establece entre las funciones del CGCOM el informar preceptivamente cualquier proyecto de disposición que afecte a las condiciones generales del ejercicio profesional.

2. Su contenido supone un ataque a nuestro sistema de formación especializada, que, hasta la fecha, ha representado lo mejor del modelo sanitario español. El contenido del Real Decreto afecta a las titulaciones oficiales que se requieren, a los planes de estudio y a las condiciones de ejercicio de un sistema avanzado de calidad asistencial sanitaria por el que la sociedad y los médicos hemos luchado durante años.

3. El CGCOM viene denunciando durante años la ausencia de políticas de planificación, ordenación y gestión de recursos humanos en salud, ha elaborado estudios sobre demografía médica, ha impulsado la necesidad de un registro de profesionales y ha clamado por el deterioro continuo de las condiciones laborales en términos de precariedad y temporalidad y la ausencia de reconocimiento para el desarrollo profesional del médico. Consideramos que cualquier medida destinada a responder a una situación como la que estamos viviendo no debe dejar atrás medidas urgentes para paliar las condiciones de trabajo de miles de compañeros y compañeras que hoy están dando lo mejor de sí con contratos en precario y sin horizonte profesional.

4. Con respecto a la norma aprobada, consideramos que es una decisión equivocada conceder, incluso temporalmente, las competencias de los médicos especialistas a los médicos que no han obtenido su titulación, en aras de la calidad de la asistencia y de la seguridad de los pacientes, y nos sitúa fuera de la normativa europea, y especialmente de las Recomendaciones relativas a la Directiva 2005/36/CE sobre libre circulación de profesionales sanitarios y la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia contra la COVID-19 (2020/C 156/01).

5. La utilización de la figura prevista en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud para la contratación de personal con fines que serían propias de un nombramiento interino y que no seguirá ningún programa formativo, además de menospreciar la situación de los MIR que sí han obtenido una plaza, corre el riesgo de convertirse en una nueva puerta de entrada a la precariedad contractual del sistema público de salud.

6. En relación con las medidas excepcionales en la circulación de especialistas entre atención primaria y hospitales y viceversa a las que se refiere la norma aprobada, no podemos consentir que lo que ha sido un ejemplo de compromiso, responsabilidad, solidaridad y buen gobierno clínico ante una situación de desborde de nuestro sistema sanitario durante los peores meses de la pandemia se normatice por Real Decreto. Toda colaboración de profesionales entre los niveles sanitarios debe darse por las necesidades específicas del territorio y por el respeto de sus competencias profesionales.

7. Por lo tanto, pedimos la retirada del Real Decreto-Ley 29/2020, de 29 de septiembre, y de las medidas excepcionales que allí se contemplan dado que generan confusión en las organizaciones sanitarias y en los profesionales.

8. Dada la excepcionalidad del momento, solicitamos que se tenga en cuenta la voz de la profesión médica, así como las propuestas de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, nuestras propuestas de acción, igualmente expuestas en la comparecencia en dicha Comisión el pasado 2 de junio y nuestros reiterados Comunicados al respecto. Nos comprometemos a trabajar de forma urgente en la implementación de planes de contingencias de carácter excepcional y de duración limitada al actual escenario de pandemia, que ayuden a combatir la pandemia de la COVID-19, mejorar las condiciones de trabajo de los médicos, la sobrecarga laboral y la calidad asistencial.

9. El CGCOM, los Consejos Autonómicos de Colegios de Médicos y los Colegios de Médicos de España promoverán e impulsarán todas las medidas necesarias, tanto propias como las que emanen del Foro de la Profesión Médica, para la retirada del Real Decreto Ley 29/2020.

Cabe recordar que este manifiesto se adscribe, además, a otro comunicado oficial, en los mismos términos, emitido a nivel estatal por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos el pasado día 3 de octubre.