El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de la Audiencia Nacional estimó la demanda presentada por un sargento primero de la Guardia Civil, en situación de reserva en Ceuta, reconociéndose el derecho al incremento salarial aplicado a todo el Cuerpo desde 2018.
Aquella información, de la que hace unas semanas se hizo eco El Faro, ha sido valorada por Parrado Asesores Abogados y la Asociación Española de Guardias Civiles, toda vez que han vuelto a lograr una sentencia importante que “refuerza el principio de igualdad y el cumplimiento de acuerdos para todos y cada uno de los integrantes de la Guardia Civil”, exponen.
Parrado Asesores Abogados podido demostrar que el demandante, además de ser tratado como el resto de guardias, había sido designado al puesto y destino que ostenta. Ahora, verá incrementada su nómina en sus complementos específicos en tres ejercicios, 2018, 2019 y 2020.
El guardia civil en la reserva, destinado en la Subsecretaría de Defensa en Ceuta, podrá beneficiarse de los aumentos de retribución en sus complementos específicos, que se preveían en los acuerdos del 12 de marzo de 2018 entre el Ministerio del Interior y los representantes de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional.
Los profesionales jurídicos de Parrado Asesores y la AEGC expusieron ante el Juzgado Central Contencioso Administrativo de Madrid que los guardias civiles en situación de reserva podrán ocupar los destinos que se determinen por el ministro del Interior para el personal que se encuentre en la citada situación, y que estas designaciones de puestos se pueden hacer de forma libre o por concurso-oposición, siendo todo el proceso competencia de la dirección general de la Guardia Civil.
La legislación establece también que la situación de reserva no supone una actividad pasiva o de disponibilidad no recurrente, sino que “el desempeño de los puestos de trabajo asignados al personal en situación de reserva se ejercerán la autoridad y funciones correspondientes al empleo que se ostente. Las funciones propias de estos destinos serán, con carácter general, las de apoyo y asesoramiento al mando, de enseñanza, logísticas y técnico-facultativas, sin perjuicio de las funciones asignadas a los puestos de trabajo que sean consecuencia de la suscripción de convenios u otros instrumentos de colaboración”.
Todos los argumentos y las legislaciones expuestas en el juicio fueron refrendadas por la sentencia, que fue clara al dictaminar que “esos puestos de trabajo les fueron asignados por resoluciones de la propia Dirección General de la Guardia Civil, habiendo sido publicadas las convocatorias y las asignaciones de destino en el Boletín Oficial de la Guardia Civil (...)”.
“Se trata, por tanto, de puestos que se encontraban en al ámbito de la Administración convocante -Dirección General de la Guardia Civil- y a los que, evidentemente, podían optar para obtener destino en esa situación de reserva”.
Por tanto, a este tipo de puestos, designaciones y funciones en la reserva “se contemplan expresamente la aplicación del Acuerdo de 12 de marzo de 2018 al personal de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que desempeñen puestos de personal funcionario de los departamentos ministeriales, organismos públicos y agencias estatales”, y por tanto los incrementos salariales previstos en dicho acuerdo.
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