La Ciudad Autónoma de Ceuta tiene previsto seguir encargándole obras a la empresa pública
Tragsa. Así lo ha manifestado la consejera de
Fomento y
Medio Ambiente, Kissy Chandiramani, a este medio de comunicación, quien defiende, por supuesto, la labor que se ha venido realizando a lo largo de estos años. “No en vano debemos tener en cuenta que Tragsa es un medio propio nuestro, como si le encargamos a Obimace la realización de cualquier obra”. De esta manera dejan bien claro que no aceptan los argumentos defendidos por el líder de
Caballas, Mohamed Alí, quien vino a indicar que el Tribunal Administrativo General de Recursos Contractuales, a raíz de un asunto sucedido en Valencia, dictaminó que no se le puede adjudicar a Tragsa ninguna obra que se vaya a ejecutar en suelo urbano.
Defienden de manera clara que Tragsa es un medio propio de la Ciudad Autónoma
La máxima responsable del área de Fomento y Medio Ambiente indica que el Gobierno del presidente Vivas cuenta con un informe jurídico que se le solicitó en su día a la Abogacía del Estado y en el mismo se indicaba, de manera clara y taxativa, que se le podían encomendar obras a Tragsa que se fueran a realizar en suelo urbano, urbanizable o rural, siempre que estuviera dentro del objeto social de la empresa. La Ciudad defiende que todas las encomiendas de gestión hechas a Tragsa entran dentro del objeto social tanto de Tragsa como de su filial Tragsatec. Por tanto, lo que va a hacer la Ciudad Autónoma es continuar encomendando obras a Tragsa cuando considere que así lo debe hacer y realizará una licitación cuando la situación lo recomiende. Lo que sí quiso defender Chandiramani es que la posibilidad de encargar a Tragsa lo que se vino en denominar los proyectos esenciales ha permitido que se pudieran poner eamarcha una serie de inversiones que llevaban paradas como consecuencia de los cambios legislativos.
Se analizará cada obra para ver si la encomiendan a Tragsa o lo licitan
Estamos hablando de inversiones como la Gran Vía, la calle Teniente Coronel Gautier, del paso elevado de Miramar, el polideportivo Díaz Flor o el ascensor del Chorrillo. Hay otras encomiendas como es el caso de paso elevado del Arroyo Paneque, el cual tiene un coste aproximado de nueve millones de euros, que aún no ha comenzado. El equipo de gobierno tiene previsto para esta próxima legislatura la aprobación de un plan de inversiones también bastante exhaustivo que puede llegar tranquilamente a los doscientos millones de euros aproximadamente.
Alí sigue defendiendo que Tragsa no está cumpliendo
Lo basa en una sentencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de nuestro país Según anunció hace unas semanas la formación localista Caballas, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) les dio la razón. Se refieren a la opinión del tribunal sobre la ejecución de obras por parte de Tragsa, afirmando que “no es admisible” que “pueda ejecutar obras en zonas o núcleos urbanos, como empresa constructora del sector público estatal, autonómica y provincial, en claro detrimento de la competencia”. Los localistas aseguraban que este argumento legal fue esgrimido en numerosas ocasiones en el Pleno por Caballas durante toda la anterior legislatura, añadiendo que “siempre” se encontraron “con la sinrazón de la mayoría absoluta del PP“. El Tribunal en su resolución, según los localistas, confirman que la ejecución de obras por parte de Tragsa en el núcleo urbano contraviene su objeto social, y que el argumento del “medio propio” no puede, ni exceder dicho objeto social, ni contravenir el principio de concurrencia. Los de Mohamed Alí critican que las obras que está ejecutando el grupo de empresas públicas en la ciudad, están “en su mayoría fuera de plazo, mal ejecutadas y con subcontratas de fuera de Ceuta que no pagan a sus trabajadores o los tienen en precario”. A todo ello habría que añadir, a juicio de los localistas, el impacto negativo que esta decisión política del PP ha provocado al sector de la construcción de Ceuta, “suponiendo, al saltarse la licitación pública, un sobrecoste desproporcionado del precio de las obras”.
Dato
En los últimos días, una vez que se conoció otra dato facilitado por el SEPE, que indicaba que por parte de Tragsa se habían creado un total de 141 puestos de trabajo, volvió a la carga el único diputado de Caballas para señalar que no solamente por parte del Gobierno se deben suspender todas las obras que se le han encomendado a Tragsa en este tiempo y no volver a adjudicarle ninguna de ellas, sino que también se deberían exigir responsabilidades dentro del Gobierno por parte de todos los que han tenido que ver con esta política de que Tragsa ha sido el único camino para llevar adelante las obras previstas en el Plan de Inversiones que aún se encuentra en vigor.
Un informe que deberá presentarse a un próximo Consejo de Gobierno
Hace ya varias semanas que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, informó de que la Consejería de Fomento iba a presentar un informe sobre las obras de Tragsa en una reunión del Consejo de Gobierno. Pues bien, la semana pasada ya estaba finalizado el citado informe, pero resultó que la consejera Chandiramani prefirió esperar unos días más para perfeccionarlo en parte. Esta semana también será imposible, como consecuencia de que el Consejo tuvo lugar en la jornada de ayer, debido a que hoy hay un Pleno extraordinario y tras la convocatoria del Consejo no hubo rueda de prensa por parte del portavoz. Según ha confesado la consejera Chandiramani a este diario, el contenido del informe va más en el sentido de hacer un análisis, a día de hoy, de la marcha de las distintas encomiendas que se le hicieran a la empresa Tragsa y luego, el número de personas que han sido contratadas por la empresa pública a lo largo de estos dos últimos años en que comenzó su relación contractual con el Gobierno de Vivas.