El Consejo de Gobierno ha diseñado un plan de choque por valor de unos 70 millones de euros para atender a los ciudadanos afectados de manera especial por las consecuencias
de la pandemia del coronavirus. Este plan de choque ha sido desgranado por el presidente Vivas en una comparecencia que ha tenido lugar en la mañana de este viernes tras la finalización de la reunión del gobierno autonómico. Vivas ha querido dejar claro que este plan de choque supone un movimiento importante para una administración como la de Ceuta y con arreglo a sus propios presupuestos.
Las medidas se dividen en dos apartados concretos: social y económico. En el apartado social se inyectan 6,3 millones de euros al área de Servicios Sociales con un doble objetivo: atender las situaciones de emergencia derivadas de la actual coyuntura y fortalecer las actividades encuadradas en esta Consejería como serían las becas comedor, la atención de ayuda a domicilio, la compra de alimentos o la adquisición de libros escolares.
El apartado más amplio viene contemplado en la parte de medidas económicas. Las consideradas más urgentes las dividió el presidente Vivas en dos puntos: inyección de oxígeno para ayudar al tejido productivo de nuestra ciudad e inyección a través de medidas fiscales.
Ayudas directas
Se crea por un lado un fondo de diez millones de euros destinado a microempresas y autónomos que será gestionado por Procesa de acuerdo con la normativa que firme la consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública, Kissy Chandiramani. Los beneficiarios de este fondo extraordinario podrán ser las empresas con menos de diez trabajadores, cuyos problemas sean derivados de la pandemia del Covid-19 y que no facturen al año más de dos millones de euros.
Esas ayudas directas que se cobren se podrán destinar a todo lo que se considera como gastos generales de un negocio: es decir, sueldos, pago de luz y de agua, impuestos o cotizaciones a la Seguridad Social. Las cuantías que se podrán obtener irán desde 1.441 euros para los autónomos sin trabajadores a su cargo hasta los 4.683 euros para las empresas con nueve trabajadores. Entiende el presidente Vivas que según los cálculos realizados se podrán beneficiar unas 3.600 empresas aproximadamente, que vienen a ser el 100% del total de microempresas y autónomos que hay en nuestra ciudad.
Otro capítulo dentro de las medidas urgentes tiene que ver con la inversión de 23 millones de euros para el pago de actuaciones que ya han sido desarrolladas por las empresas a través de sus contratos con el Ayuntamiento y que aún no han sido pagadas. Entiende el jefe del Ejecutivo que supondrá un balón de oxígeno para estas empresas en momentos de paralización económica como los que se viven actualmente. Y un tercer apartado es una modificación del Plan de Inversiones por valor de 15 millones de euros destinado a la realización de obras que puedan ser ejecutadas por las empresas de construcción de nuestra ciudad.
Medidas fiscales
Entre las mismas, se encuentran el aplazamiento del pago del
IPSI trimestral de este primer trimestre que vencía el 20 de abril hasta el próximo 20 de julio. Es decir, la presentación de las autoliquidaciones por parte de empresas y autónomos. Igualmente, otro acuerdo fue definido por el presidente Vivas como “una vieja aspiración de los empresarios que se pone en marcha en estos momentos de dificultad”, en referencia al abono del IPSI que se realizará por las mercancías que se vendan y no, como hasta ahora, por la que tienen todavía en el almacén.
Y con carácter general una moratoria para todos los impuestos y tasas de la Ciudad Autónoma hasta el 5 de diciembre de este año. De todas maneras, argumentó que esta petición debe ser solicitada por el interesado y deberá estar justificada. Igualmente se establece que hasta 30.000 euros se acordará una moratoria para que no se tengan que presentar avales a la hora de pedir los aplazamientos o fraccionamientos del IPSI.
En relación con el pago del recibo único, es decir agua y basura, todos los comercios y actividades profesionales tendrá una bonificación en el recibo del 20% en el período que va desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre. Y en cuanto a la tasa por ocupación del dominio público para terrazas y kioskos esa bonificación será del 50%.
Una medida que no tiene que ver con la Ciudad Autónoma, pero donde el presidente Vivas señala que “es de justicia” se concreta en la petición a Puertos del Estado para eximir de la tasa por actividad a todos los negocios situados en el puerto mientras dure la actual situación y una moratoria en el canon de ocupación del dominio público.
Luego, existen otro conjunto de medidas que no se consideran urgentes pero que sí son prioritarias como la bajada del IPSI al 0,5%. “Ya lo estábamos planteando como una medida consecuencia de la situación que vivimos con la crisis derivada de la situación fronteriza”; la aprobación “lo más pronto posible” del PGOU; fomentar la digitalización de las empresas ceutíes o la actualización de la normativa sobre las terrazas de comercios hosteleros. Además, existe el compromiso de que todas las partidas incluidas en el presupuesto destinadas a la generación de actividad económica para todo el año se desarrollen durante este primer semestre.