Chandiramani y Ramos fueron quienes lo solicitaron. El domingo por la noche, la firma del consejero de Medio Ambiente, que estaba de viaje, en el Plan de Servicios, fue la garantía para la patronal
La implicación de la Ciudad para frenar la huelga de la limpieza ha sido total. Han sido varios los consejeros que han intervenidos en negociaciones tanto con los sindicatos como con los empresarios. El gran problema, a diferencia de otros paros anunciados en el sector de la limpieza viaria, era que la medicina recetada en cada ocasión, la inyección económica, ya no se podía mandar. El Gobierno ha agotado todas las posibilidades de incrementar la aportación económica a Trace.
La última salva fue el incremento del 10% del contrato que se hizo hace unos años y que es el máximo que permite la Ley de Contratos del Estado. Aunque las explicaciones para el gran público se centraban en el conocido “somos espectadores de una función donde los actores son la empresa y los trabajadores”, la verdad es que han existido muchos contactos, de manera principal, durante el fin de semana. A mediados de la semana pasada hubo una reunión con los sindicatos, donde por parte de la Ciudad Autónoma estuvieron presentes los consejeros de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Fernando Ramos y la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani.
La petición que pusieron encima de la mesa fue que por parte de los trabajadores se aplazara el conflicto por un período de tres meses, de manera que en ese tiempo pudieran dirimirse, de manera definitiva, el conflicto que subyace desde hace meses entre la Ciudad Autónoma y Trace en relación con el contrato de la limpieza.
Esa petición de aplazamiento tuvo una contestación negativa por parte de los representantes de los trabajadores, ya que mencionaron que llegados a ese punto, comunicaron la petición de huelga a finales del mes de marzo, no podían pedir al conjunto de los empleados un aplazamiento sin ofrecer nada a cambio y que, por lo menos, quería un mínimo para dejar de lado el conflicto laboral.
De ahí nació el pasado viernes esa oferta del incremento del sueldo en el IPC más dos puntos, un día más de asuntos propios remunerados, que pasan de cuatro a cinco y un convenio por un año. Una tabla de reivindicaciones que poco tenía que ver con la plataforma que presentaron durante las negociaciones con la empresa, que se remontan a mediados del mes de enero.
Parecía, antes del mediodía del viernes, que todo se iba a solucionar, pero la empresa pone encima de la mesa una reivindicación en su relación contractual con el Ayuntamiento: la aprobación del Plan de Servicios (el conjunto de obligaciones que se le marca a la empresa para cumplir con los objetivos del contrato).
Por ello, como esa aprobación no es nada fácil y se estaba trabajando en ello, la petición al Comité de Empresa era que se aparcaran las reivindicaciones durante quince días que era el tiempo aproximado en que el mencionado Plan estaría aprobado. Negativa desde los sindicatos y enrocamiento de la patronal: sin ese Plan, no aceptaban la tabla salarial de mínimos. Por ello, la maquinaria del Ayuntamiento se pone a trabajar al cien por cien. Tenían el sábado y el domingo para poder frenar el paro en el sector de la limpieza.
Las negociaciones las toma la presidenta accidental y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Deu. Hasta las dos y media del domingo con la patronal. El Plan de Servicios está ultimado, pero falta la validación por parte de los técnicos, circunstancia por lo que no tendrían más remedio que esperar hasta el comienzo de la semana.
Los empresarios no lo dan por bueno. Las horas del domingo siguen pasando y pocos contactos por la tarde. Desde la patronal no se ve salida a la huelga. Al final, son nuevamente citados a las 23.00 horas en el Palacio autonómico. Había regresado el consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, quien se ausentó de la Ciudad el viernes a mediodía. La firma del integrante del Gobierno, aunque no estuviera validado por los técnicos, fue aceptada por los empresarios como moneda de cambio y la llave que logró que ofrecieran nuevamente el convenio por un año.
Problema enquistado
El contrato de Trace con la Ciudad Autónoma acaba de pasar el ecuador. Una adjudicación que echó a andar en el mes de febrero de 2013 y que tiene su punto final el mismo mes de 2023. Sin embargo, es una adjudicación que nació con muchos problemas. La Ciudad Autónoma redactó un pliego de condiciones que rebajaba la aportación del Ayuntamiento en varios millones de euros, aunque se decía que la prestación del servicio sería la misma.
Eran los años de la crisis y al Ejecutivo de Vivas no le quedaba más remedio que recortar por todos los lados para mantener la nave a flote sin utilizar el sistema más fácil: despido de trabajadores como hicieron otras instituciones públicas. A ello se añadió la bajada del 10% de la licitación por parte de Trace.
A medida que las dificultades se han ido acumulando con el paso de los años, la Ciudad intentó solucionarlo con un incremento del 10% del valor del contrato que es lo máximo que permite la Ley de Contratos del Estado, pero al final se ha demostrado que no se ha cumplido con los objetivos que se esperaban. Luego, se buscó otra salida para que una empresa con experiencia en el sector pasara a formar parte de Trace como accionista mayoritaria. Hubo un acercamiento que estuvo a punto de cuajar, pero al final no se llegó a firmar.
Desde hace varios meses se han producido contactos al más alto nivel entre la Ciudad y la empresa concesionaria de la limpieza. Por un lado, porque el Gobierno no estaba satisfecho con los resultados y, por otro, el deseo de Trace de intentar rescindir el contrato y marcharse. Pero hay problemas legales y económicos para ese entendimiento. Incluso se barajó que la Ciudad encargaría a Tragsa, por encomienda, la limpieza viaria hasta que pudiera sacar un nuevo contrato. Pero ese nexo entre Ciudad y Trace no termina de romperse y encima con detracciones monetarias importantes del Gobierno a la empresa al considerar los técnicos que existen incumplimientos en el contrato.
