El Gobierno de la Ciudad ha planteado una respuesta múltiple al fracaso de la licitación para externalizar el acogimiento integral de 60 menores extranjeros no acompañados (MENA) durante un plazo de seis meses por un importe de 79,14 euros por niño migrante albergado y día, que ha quedado desierta al no poder presentar la adjudicataria (Fundación SAMU) la certificación exigida de la entidad pública competente del centro en el que hubiesen sido albergados esos jóvenes.
En primer lugar, con los informes técnicos preceptivos, la Administración autonómica va a prorrogar por emergencia la vida útil de los diez módulos prefabricados con forma de iglú instalados en noviembre en la planta baja del Centro de Realojo Temporal de ‘La Esperanza’, que dan cabida a 60 menores y que se hubiesen desmontado de haber prosperado el concurso referido.
En paralelo, la Vicepresidencia del Gobierno de Ceuta que dirige Mabel Deu, que ha asumido Menores esta legislatura, ha empezado a buscar nuevas soluciones a medio y largo plazo para atender las competencias.
De entrada, se ha acordado encargar a Tragsatec por la vía de urgencia la redacción del proyecto necesario para corregir las deficiencias que actualmente presentan las plantas segunda y tercera del inmueble de Hadú. Estos trabajos vendrán a complementar los acometidos la pasada legislatura en la planta primera de un edificio que comenzó a utilizarse para la acogida de MENA desde hace casi siete años.
La Administración autonómica también prevé mejorar la dotación de recursos humanos destinados en ‘La Esperanza’ como vigilantes-celadores para intentar mejorar el control de los jóvenes allí acogidos, que rondan los 300, y evitar fugas.
A tal efecto se ha barajado tanto la licitación del servicio como la encomienda del mismo a Amgevicesa, que de hecho ya tiene entre sus funciones la vigilancia de edificios públicos. El plan gubernamental pasa, según las fuentes consultadas por este periódico, por incorporar entre diez y doce efectivos más a esta labor.
Más a largo plazo, la Ciudad no ha abandonado la idea de construir un nuevo centro de realojo temporal de MENA, para lo que ya ha avanzado que necesitaría contar con el respaldo económico de la Administración General del Estado.
Mientras ese plan toma forma, la Vicepresidencia de la Ciudad ha encargado a sus técnicos estudiar a fondo las posibilidades que ofrecen los módulos prefabricados de última generación, de los que los iglús actualmente disponibles en ‘La Esperanza’ serían solo un modelo menor.
El Ejecutivo local quiere conocer al detalle los modelos disponibles en el mercado y manejar un listado de solares públicos en los que podrían instalarse “en caso de necesidad” si se repitiese una llegada de menores migrantes tan voluminosa como la registrada durante la segunda mitad del año pasado.
Como tercera opción, el Ejecutivo local tampoco “descarta” la posibilidad de llegar a los acuerdos que no fueron posibles el otoño pasado con entidades e instituciones como la Iglesia o el Ministerio de Defensa para contar con inmuebles libres para la acogida de MENA.
Según ha dejado claro en reiterados dictámenes el Área de Menores, “la sobreocupación” de los recursos disponibles “imposibilita una atención adecuada a los menores, daña gravemente la convivencia entre ellos y da problemas de seguridad, tanto para estos como para los profesionales, que se encuentran desbordados y con escasas posibilidades de prestarles atención y cuidados que precisan en unos momentos tan delicados como la llegada y la recepción de los menores de distintas nacionalidades con costumbres y realidades muy diferentes debida a su cultura e historia personal”.
La diputada abulense del Grupo Parlamentario Popular Alicia García acaba de presentar una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez en las que interpela al Estado por si prevé destinar este año “40 millones de euros” para “la mejora de la atención y la acogida solidaria entre las Comunidades y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que han llegado a España”. La parlamentaria también pregunta “qué importe tiene previsto el Gobierno destinar” y “cuál sería el reparto entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla”. En la asignación de 2018 a Ceuta le correspondió algo más de un millón sobre un total de 40 distribuidos.
Según los informes técnicos evacuados a finales del año pasado por la Ciudad, la llegada masiva de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) a España “es una problemática supranacional que afecta a la Unión Europea, de la cual somos frontera”. Por ello, a juicio de los especialistas de la Administración autonómica “es necesario desarrollar una acogida con un verdadero enfoque basado en las necesidades de la infancia”. En este sentido, se considera que “es un problema de Estado que recae sobre el sistema de protección gestionado por las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas”. La mayoría de los menores que llegan a la ciudad autónoma son varones, entre 15 y 16 años. En un porcentaje del 90% su origen es marroquí y “aunque hayan crecido las llegadas de otras nacionalidades, éste es el colectivo que produce el desbordamiento”. La capacidad de ‘La Esperanza’ sigue seriamente restringida por “importantes filtraciones de agua en los cuartos de baño que afectan a su habitabilidad, limitando con ello las zonas de uso de la instalación, provocando la hacinación de los menores en las zonas disponibles”.
“Guardería” de edificios públicos. La Ciudad ha contemplado tanto la posibilidad de convocar una licitación como la de aprovechar que Amgevicesa ya tiene adjudicada la función de “labores de guardería de los edificios públicos que fueran encomendados” para incrementar con entre diez y doce efectivos el número de vigilantes-celadores en ‘La Esperanza’ para, así, minimizar el número de fugas y el control de los niños migrantes acogidos.
“Emergencia”. La Ciudad va a ampliar la emergencia declarada en octubre para instalar los módulos ‘iglú’ en ‘La Esperanza’ por “el grave peligro que supone el haberse superado ampliamente la capacidad física de los recursos residenciales existentes por la llegada imprevisible y masiva de menores extranjeros no acompañados, lo que hace necesaria la ejecución inmediata de un contrato de servicios”.
Segunda y tercera plantas. Tragsatec ha recibido el encargo de Vicepresidencia para proyectar la reforma de la segunda y tercera planta de ‘La Esperanza’. El año pasado Tragsa ya hizo por casi 360.000 euros la renovación del suelo y las paredes de la planta baja.
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