Aunque el tema va camino de convertirse en otra historia interminable, el Gobierno de la Ciudad “mantiene” su voluntad intacta de “devolver a la legalidad urbanística” el espacio ubicado enfrente del Poblado Legionario del Príncipe en el que a partir de 2015 se erigió una torre de viviendas de siete plantas de altura.
En septiembre de 2018, hace ya casi 16 meses, la Consejería de Fomento apeló a un error formal consistente en que supuestamente “el número de parcela [con referencia catastral 8134058TE8783S0001AU] sobre la que se sitúa esta obra ilegal” había que dado “mal reseñado” en el expediente.
Fuentes del Ejecutivo local han explicado que “el asunto nunca quedó paralizado y en cuanto se detectó el error que obligó a dejar el primer expediente sobre la mesa se incoó otro que actualmente sigue su curso”. De hecho, la documentación está “pendiente de notificación” al promotor de las obras ilegales.
La Policía Local denunció por primera vez hace ahora cuatro años y medio la ejecución de obras ilegales enfrente del Poblado Legionario. La Administración tramitó profusión de Decretos a cual más inútil, como demostró la evolución imparable y creciente del edificio, que durante los últimos meses del verano de 2018 vio cómo se acristalaba su ático.
El devenir histórico del edificio es la crónica de la impotencia de una Administración: en enero de 2016 el Gobierno decidió dar cuenta de los hechos a la Fiscalía, pero en marzo las obras seguían avanzado pese a las medidas cautelares ordenadas, incluso por el Juzgado de Instrucción número 1. “Ha sido precintada en varias ocasiones, rompiéndose el precinto en cuestión y retomando los trabajos en la zona”, alertaron los agentes. Hace tres agostos, el Juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la causa.
En octubre de 2017, la Consejería mandó parar las obras “que ilegalmente se están ejecutando” y cifró el presupuesto de demolición, que nunca se ejecutó, en 36.464,85 euros. En paralelo, a la vista de la “situación de la situación de grave peligro para las personas generada por la referida obra no legalizable”, se ordenaron distintas medidas cautelares que se revelaron igual de inútiles.
La Consejería de Fomento encomendó hace ya casi dos años a Tragsa por un presupuesto que ya se había disparado hasta 283.682 euros (que supuestamente tendría que acabar pagando el responsable de la obra irregular) echar abajo de forma forzosa y subsidiaria en menos de seis meses el ‘rascacielos’ del Príncipe, para lo que se empezó a perfilar también un plan de protección policial que nunca llegó a ponerse en marcha. La orden se basó en el auto 502/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 que autorizó a la Administración a entrar en las obras “de titular desconocido”.
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