El Gobierno de Ceuta ha trasladado a los sindicatos en la reunión que ha mantenido con el Comité de Empresa
de Trace que la asunción por parte de la administración de la gestión directa de la limpieza pública viaria no estará materializada hasta el próximo verano, por lo que a finales de enero previsiblemente se dictará un nuevo decreto de prórroga forzosa sobre la actual prestataria que se renovará mensualmente o se extinguirá cuando se consume la municipalización.
El Ejecutivo local calcula que sacar a exposición pública durante 30 días la memoria elaborada, estudiar las alegaciones que se reciban, someter el asunto al Pleno, crear una nueva sociedad municipal y consumar la subrogación del personal exigirá al menos 6 o 7 meses de trabajo.
Los técnicos han apelado a los “innumerables problemas” que generaría la asunción del personal de Trace,
más de 500 trabajadores, directamente por parte de la Ciudad para justificar la necesidad de constituir otra sociedad pública.
“Afectaría al volumen de contratación actual, el convenio colectivo de la Ciudad no contempla situaciones de carácter específico, la gestión del Capítulo I tendría problemas al no poder ser gestionado por personal laboral, habría que adaptar el Área de Personal de la Ciudad que no tendría capacidad ni desde el punto de vista humano ni de infraestructuras...”, enumeran las pegas localizadas en el expediente.
El Ejecutivo también tendrá que emplearse a fondo para
cumplir el compromiso adquirido
por Vivas con los representantes de la plantilla y que inspira la documentación elaborada: “El mantenimiento del empleo y el respecto a los derechos de los trabajadores, en particular por lo que concierte a las condiciones laborales, retributivas y de otra índole recogidas en el convenio sectorial”.
El personal cobra ahora el Plus de Vinculación a las bonificaciones que van a dejar de percibirse
Los trabajadores deberán renunciar a cambio de seguridad y estabilidad a limitar las subidas de sus salarios a lo que establezcan los
Presupuestos Generales del Estado cada ejercicio.
Queda por ver, entre otras cosas, si podrán seguir percibiendo el 8% extra de su salario base que cobran actualmente incluso en sus cuatro pagas extraordinarias anuales en concepto de Plus de Vinculación a las bonificaciones en las cuotas empresariales a la
Seguridad Social, que se perderán con el cambio de modelo de gestión.
Otros puntos de su convenio tienen, aparentemente, difícil encaje legal en el marco normativo en el que se desenvuelve la administración. Se trata, por ejemplo, de la regulación de las promociones internas, que en el sector público tiene que ceñirse a convocatorias que respeten los principios de publicidad, mérito y capacidad.
Obviamente, el personal deberá olvidarse de la tradición de poder dejar en ‘herencia’ sus puestos de trabajo cuando terminan su vida laboral.
La jurisprudencia apunta que la Ciudad no está obligada legalmente a asumir al convenio que caducó el pasado 31 de diciembre, ya que según el Supremo la vigencia de entenderse “referida a la vigencia inicial prevista o prorrogada expresamente por las partes”, pero no “al periodo posterior una vez ha sido denunciado, conocido como de vigencia ultraactiva”.
Además, la administración tampoco fue parte negociadora del citado acuerdo “ni de forma directa ni mediante representación” alguna.
Seguro médico privado, subida del 3,5%...
Los sindicatos representativos en Trace (UGT, CCOO, CSIF, UNT y Solidaridad) han celebrado ya su primera reunión para fijar su posición de partida en la negociación de un nuevo convenio del sector de limpieza pública viaria, postura que prevén terminar de pulir el próximo 21 de enero. Entre las reivindicaciones que piensan plantear está una subida salarial del 3,1% este año, actualizar al alza sus pluses (nocturnidad, peligrosidad, toxicidad, de capataz y conductor...), crear un nuevo complemento por usar pantallas, contar con seguro médico privado, disponer de más días de asuntos propios, prorratear su cuarta paga extra (la de San Martín de Porres), flexibilizar el disfrute de las vacaciones, cobrar 150 euros por festivo trabajado y elevar los incentivos económicos por no faltar al trabajo. La Justicia ha obligado a la administración durante la vigencia del contrato
con Trace, que comenzó en 2013, a asumir los acuerdos que alcanzan los sindicatos con la patronal por tratarse de un pacto sectorial y no de empresa.