El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una alegación a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) adoptado por el Pleno en diciembre para reducir al tipo mínimo, el 0,5%, el gravamen que pagarán los promotores de los “proyectos estratégicos” que se impulsen en Ceuta. En su retoque propone incluir ya la declaración como tales de la interconexión eléctrica submarina con la península y la planta fotovoltaica y el Centro de Proceso de Datos del puerto.
El PP cree que es mejor establecer que sea el Pleno de la Asamblea y no la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el órgano competente para declarar que “un proyecto merece la calificación de interés estratégico” para la ciudad.
Los de Kissy Chandiramani, que defenderá la idea, quieren “ampliar” también el contenido de la expresión “proyecto de interés estratégico” como fórmula para gozar de un tratamiento fiscal favorable en el ámbito del IPSI.
La propuesta del PP pasa por no limitarlo a lo relacionado con “los mercados del gas y la electricidad” para pasar a hacerlo con cualquiera que suponga “la mejora o renovación de los suministros y servicios básicos de energía en sus distintas variantes, el ciclo integral del agua, las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información”.
Los informes técnicos evacuados no han puesto ningún reparo a la viabilidad de ambas propuestas.
Con estas dos mejoras el Partido Popular aspira a perfeccionar su idea original de introducir en el artículo 33 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IPSI un apartado cinco en el que se recoja que “las operaciones que constituyen el hecho imponible tributarán al 0,5% cuando se realicen en ejecución de un proyecto de interés estratégico para la Ciudad de Ceuta”.
La regulación del tipo de gravamen del IPSI contenida en el artículo 18 de la Ley 8/1991 no excluye, según los técnicos, “la posibilidad de acotar la aplicación de un determinado tipo de gravamen a un proyecto específico”, máxime teniendo en cuenta “la consideración del régimen fiscal como un instrumento al servicio de la política económica, lo que orilla las interpretaciones restrictivas exorbitantes del principio de legalidad, en sentido general o, más específicamente, del principio de reserva de ley”.
Los tres proyectos que el PP de Ceuta propondrá mañana declarar “estratégicos” para que se puedan beneficiar del pago del tipo mínimo de IPSI supondrán una inversión global de cerca de 340 millones de euros.
El más costoso de todos ellos serán la instalación del cable eléctrico submarino que permitirá a la ciudad dejar de ser una isla energética. La última estimación de Red Eléctrica de España (REE) ha cifrado el valor de inversión reconocido necesario para hacerlo realidad en 332,3 millones de euros, un 134% por encima de la anterior.
El único de los tres que ya está en ejecución es la instalación de una planta solar fotovoltaica con más de 3.000 paneles en la explanada de embarque del puerto que generará una energía equivalente al consumo de 1.200 viviendas. Su coste de inversión está cifrado en 2,5 millones de euros, aunque superará los 5 si se le suma la de una planta de hidrógeno.
Un total de 4,2 millones de euros se prevé dedicar a construir en el muelle de Poniente “una moderna estructura metálica” de dos plantas que albergará un Centro de Proceso de Datos que pretende ser “un facilitador y un catalizador de la nueva economía digital” como “un gran centro de almacenamiento de datos de empresas” cuyo potencial generador de empleo se estima entre 1.500 y 2.000 puestos de trabajo.
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