La Ciudad considera irrenunciable la política de licitación de gastos superiores a 500 euros pero asume que es posible mejorar su ejecución para reducir algunas disfunciones
La Ciudad Autónoma empezó en 2015, hace ahora algo más de tres ejercicios completos, a sacar a concurso mucho más allá de lo que exigía la ley todos sus contratos de servicios y suministros menores. Tras descartar, por conducir casi al absurdo, la licitación de cualquier desembolso superior a un euro, como se planteó inicialmente, el límite para someter toda adjudicación al filtro de la competencia se puso en 500 euros. Aquella decisión acabó con una forma de gestionar el dinero público que hoy se reconoce dentro y fuera de la estructura de la Administración como ineficiente y hasta, al menos en ocasiones, injusta. No solo se terminaban pagando precios muy superiores a los de mercado sino que una suerte de ‘café para todos’ que pasaba por ir repartiendo los contratos entre las distintas empresas locales acababa generando suspicacias y hasta problemas judiciales. El viraje ha traído considerables beneficios para las arcas municipales: solo durante el año pasado, en los 803 contratos menores realizados por la Ciudad Autónoma, según los datos facilitados por la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, en enero, la Administración se ahorró más de un millón de euros, la diferencia entre el precio total de licitación (5,1) y el de adjudicación (3,9). En el otro lado, desde el punto de vista de los proveedores, los hay que se congratulan por haber tenido acceso a negocio del que antes estaban excluidos pero también existen empresarios de Ceuta que lamentan perder concursos frente a competencia directa (o intrusos) que presentan ofertas “desmesuradamente bajas” que, además, terminan dejando en manos de la Ciudad bienes o servicios que no cubren ni de lejos las exigencias estipuladas en los Pliegos. El diputado Juan Luis Aróstegui, de Caballas, coalición que empujó y apoyó la apuesta por los concursos y la competencia en favor de la transparencia y el ahorro público, sigue siendo un defensor firme de las licitaciones “por mucho que siga habiendo suspicacias en casos concretos o disfunciones que a lo que tienen que llevar a la Ciudad es a perfeccionar los procedimientos”. Desde la propia Administración, según las fuentes consultadas por este periódico en el Área de Contratación, se reconoce que existe un margen de mejora “siempre y cuando no se vulneren los límites de la libre concurrencia y no se vuelva a pagar tres por lo que en realidad vale uno”. “La Ciudad está legalmente obligada a buscar la eficiencia y la eficacia en la gestión y para eso la aplicación de la base presupuestaria que exige la licitación de gastos a partir de 500 euros ha sido útil y las estadísticas demuestran que entre el 80% y el 90% de los concursos los ganan empresas locales, a las que nunca se ha pretendido perjudicar sino todo lo contrario”, argumentan mandos técnicos. En Contratación tienen claro que “hay que ser muy serios tanto en los procedimientos de licitación, para determinar correctamente los presupuestos de partida, como en los de ejecución, para que aquello por lo que paga la Ciudad sea lo que ha exigido y lo que necesita o, en caso contrario, rechazarlo e instruir los expedientes sancionadores que correspondan”. En contra de esa máxima corre la proverbial precipitación que sigue imperando en la tramitación de muchas licitaciones que se convocan con una fecha límite para cualquier evento como espada de Damocles. En esos casos, cuando ya no hay otro remedio que aceptar o quedarse con las manos vacías, muchas veces se acaba aceptando cualquier cosa. Existen multitud de ejemplos, uno de los más paradigmáticos el de las medallas que reciben los diputados electos, para los que se recibió una partida “birriosa” a precio tirado tras las últimas elecciones.
Desde las empresas locales se reclaman medidas contra la competencia desleal
“Siempre dentro de la ley”, al empresariado ceutí se le ocurre que la Ciudad podría afilar más el lápiz en los pliegos para, exigiendo la presentación previa y física de pruebas del producto final, limitar la “competencia desleal” de licitadoras foráneas “que se presentan a cualquier concurso para después subcontratarlo de cualquier manera”. “Cuando se da un plazo de ejecución muy corto precisamente a veces se busca favorecer al tejido económico local”, rebaten desde Contratación conscientes de que la clave está en encontrar el punto de equilibrio justo para todos.