El cierre de La Riquísima, una medida cautelar de Sanidad

La Ciudad ha precisado este sábado a través de una nota de prensa que el cierre del establecimiento La Riquísima, ubicado en la plaza Azcárate, en Ceuta, fue trasladado por la Consejería de Sanidad  y Servicios Sociales como "una medida cautelar" dictaminada por el Servicio de Inspección Veterinaria, "tras haberse efectuado un reconocimiento y comprobarse al existencia de varias deficiencias que afectaban a sus condiciones higiénicas y sanitarias".

Así, Sanidad señala que, dentro de sus competencias y siempre con el objetivo de "proteger la salud pública", ha procedido a la clausura del establecimiento hasta que se proceda a la subsanación de las deficiencias que en las inspección realizada fueron detectadas.

Entonces, señala la Ciudad, el procedimiento es girar una nueva inspección sanitaria de comprobación a efectos del levantamiento de la medida de este cierre cautelar, siempre de acuerdo a la normativa vigente y habiéndose designado ya a un instructor y secretario para el procedimiento que afecta a este establecimiento de La Riquísima.

El cierre saltó a la opinión pública cuando el empresario hostelero comunicó a los medios que realizaría una concentración a las puertas del Palacio de la Asamblea este lunes a las 12.00 horas si no se le daba la posibilidad de subsanar y no cerrar.

Una inspección con dos deficiencias

Rafael Martín, propietario de los dos establecimientos de La Riquísima, uno en la plaza Azcárate y el otro en Serrano Orive, manifestó que dos semanas antes, habían recibido una inspección sanitaria de rutina donde se apreciaron dos deficiencias:  la ausencia de agua caliente, cuando el afectado asevera que sí cuenta con ella pero estaba desconectada, y la falta de un accesorio en el inodoro de uno de los baños, detalló.

A raíz de estas deficiencias, Sanidad decretó el cierre del establecimiento de la Plaza Azcárate desde el pasado jueves como medida cautelar.

Martín señaló que las inspecciones están para subsanar deficiencias pero la sorpresa ha sido que, tras recibir la inspección hace aproximadamente dos semanas, el miércoles pasado llegó el decreto de cierre y desde el jueves, el establecimiento está cerrado en plena época veraniega, donde se sacan muchos de los beneficios que permiten continuar el resto de los meses, menos agradecidos en temperaturas.

Rafael Martín y Karima Driss destacan que son nada menos que 12 familias las que viven de estos dos negocios además de la suya propia y,  si no se le ofrecen soluciones para subsanar el decreto que considera que puede ser legal pero no ve “justo”, mantiene la convocatoria a trabajadores, familiares y clientes, a manifestarse en vista del “estado de indefensión” en el que se dice encontrarse con su negocio y todas las familias que viven de su trabajo en él.

La cita, a las 12:00 frente al Palacio de la Asamblea, para lo que han pedido ya los pertinentes permisos para tramitarlo en la Delegación del Gobierno.