‘La Chimenea’ y ‘Alborán’ llevarán todo al Juzgado

Ahí es donde se discutirán todas las acciones emprendidas por la Delegación del Gobierno

Los presidentes de ‘La Chimenea’ y ‘Alborán’ ya no piensan entrar en más contestaciones a la Delegación del Gobierno tras haber decidido no poner en marcha el Plan de Seguridad, haciendo caso omiso a las indicaciones que durante los últimos meses les han llegado desde la representación de la Administración General del Estado en nuestra ciudad.

Entienden que toda la respuesta estará en los tribunales de Justicia y para ello, las dos comunidades de propietarios han decidido contratar a un abogado residente en Almería, con el que contactaron a través de la Cámara de Comercio y que participó en una reunión que tuvieron en el ente cameral.

Según indica Mohamed Ahmed, presidente del Polígono de La Chimenea, “nosotros ya hemos dado nuestra razones por las cuáles no vemos lógico que debamos tener un Plan de Seguridad en el interior de nuestros polígonos y además hemos dado alternativas incluso a la Ciudad Autónoma para que ellos aportaran una cantidad”.

Sin embargo, entiende que no acudirán a más encuentros en la propia Delegación del Gobierno y que a todas las comunicaciones legales que les lleguen desde la Delegación serán remitidas a sus letrados para que sean los tribunales de Justicia los que respondan.

Ahmed defiende que ellos siempre han tendido la mano para negociar con las administraciones y se siente satisfecho de las distintas acciones que ha anunciado la Ciudad Autónoma en materia de lucha contra el fraude y que por ello habían decidido nuevamente abrir las puertas para que la normalidad volviera a los polígonos.

Fue hace unos día cuando la Delegación del Gobierno anunció la incoación de un expediente sancionador contra los polígonos del Tarajal Fase I, La Chimenea y Alborán.

Las posibles sanciones consistirán en una multa económica de 100.000 euros a cada uno, así como el cierre de 6 meses y un día a los establecimientos comerciales radicados en la misma.

El motivo es que en estos tres casos ni se elaboró un Plan de Seguridad ni se designó a un coordinador de Seguridad.