El secretario general de CGT en Andalucía, Ceuta y
Melilla, Miguel Montenegro, ha visitado este miércoles la Fiscalía con el objetivo de saber cómo van los procesos abiertos contra la Delegación del Gobierno en relación a la vulneración de derechos de los trabajadores y trabajadoras del
Plan de Empleo vigente y que finalizará en apenas un mes. A su salida, Montenegro ha comparecido ante los medios indicando que, en su reunión, se le ha informado que todo sigue su curso y que "la siguiente práctica de prueba que se va a realizar va a ser interrogar al secretario de la delegada del Gobierno y también se tiene pensado hacer unas pesquisas entre los propios trabajadores y trabajadoras afectados del Plan de Empleo". Después de recordar que la
Delegación cuenta con más de 50 sentencias condenatorias por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores, Montenegro ha calificado de "grave" este tipo de asuntos porque se estaría incumpliendo la Constitución cuando "la Administración es la encargada de salvaguardarla y cumplirla en primer lugar".
Ha reconocido que desde la
CGT se sienten "expectantes" y "aunque no vamos a meter más prisa", ha dicho que sin duda preocupa cómo se gestará y tramitará el Plan de Empleo 2022/2023 que ya está empezando a organizar. "Esperamos y deseamos que no se vuelva a incurrir en una circunstancia similar a las que venimos denunciando desde 2018 y 2019 y los tribunales vienen dándonos la razón", ha indicado antes de manifestar públicamente una queja relativa a la lentitud de los procedimientos de justicia que está "señalando para dentro de varios meses cuestiones que debían verse en un plazo máximo de 10 días" incumpliendo, por tanto, Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Interrogado sobre su deseo en relación al tema tratado, Montenegro ha dicho: "Esperamos que quien incumple la legalidad siendo representante de la Administración que no pueda seguir ni un solo segundo más representando a una administración que está siendo condenada reiteradamente por la Justicia". Es decir, ha pedido abiertamente la dimisión de la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, con quien se reunieron en el mes de noviembre para hablar sobre la cuestión de los Planes de Empleo y, en aquel entonces, se argumentaban motivos de presupuesto. Sobre ello el representante de CGT ha afirmado que "si se trata de presupuesto, entonces habrá que hacer menos horas o incrementar presupuesto, porque no todo es tirar de presupuesto que nos viene de 'Papá Estado', sino que también habrá que poner de los propios presupuestos que tienen las administraciones para que los Planes de Empleo sigan adelante. No entendemos esa excusa, lo primero es velar por el cumplimiento de la legalidad vigente y del derecho a la igualdad". Asimismo, ha lamentado que el compromiso que se gestó en esa reunión de noviembre finalmente "no se haya cumplido" asegurando que "nos sorprendimos muchísimo cuando se hizo público el Plan de Empleo y se mantenían exactamente las mismas discriminaciones. Más de 700 personas a las que no se les respetan ni las condiciones económicas ni las laborales del Cuarto Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración General del Estado, algo que está expresamente prohibido por la ley. Es una barbaridad y de ahí que acudiéramos a Fiscalía".