El sindicato
CGT ha planteado una demanda a la
Delegación del Gobierno en Ceuta por despido colectivo debido al cese de 722 puestos de trabajo del
Plan de Empleo de esta año, 2022. Una querella por despido colectivo que, según ha explicado el sindicato en nota de prensa, se suma a la demanda colectiva al realizarse las contrataciones "exigiendo el respeto a los salarios y condiciones laborales establecidas en el IV Convenio del personal laboral de la Administración General del Estado cuya fecha de juicio está prevista para el próximo mes de noviembre". "Las 722 personas que forman parte del Plan de Empleo 2021/2022 tras los abusos que se siguen perpetrando contra todas ellas derivados de unos contratos fraudulentos y contrarios a la legalidad pueden comenzar también a plantear demandas individuales reclamando el respeto de sus básicos derechos retributivos y equitativos con los del personal laboral de la administración al realizar las mismas funciones y cometidos", ha continuado CGT. El despido colectivo, han denunciado, "se apoya en el
rosario de sentencias condenatorias" a la Delegación del Gobierno por Planes de Empleo de años anteriores, en las que tanto el Juzgado de lo Social de Ceuta como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han condenado "reiteradamente a este organismo por violar el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación de las personas contratadas" en los Planes de Empleo. La demanda de despido colectivo se suma también a la denuncia presentada ante la Fiscalía de Ceuta contra Salvadora Mateos por este asunto, que fue "admitida a trámite y se encuentra pendiente de las pesquisas que se vienen realizando desde Fiscalía según sus propias manifestaciones" y del informe del Fiscal tras haber tomado declaración a trabajadores afectados, personal administrativo de la Delegación del Gobierno y "al secretario general de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, como denunciante, declaración esta última que se produjo a los pocos días de la interposición de la denuncia ante el fiscal". Desde CGT han insistido en que
la delegada del Gobierno, "que se dice más progresista de la historia", debe ser "cesada fulminantemente, no solo por las múltiples condenas judiciales que obran en su contra sino también por perpetuarse en la insumisión al cumplimiento de las mismas y por la reiteración en violar los derechos fundamentales como firmante de esos 722 contratos del Plan de Empleo 2021/2022 que además de ser cesados colectivamente el 30 de junio, incurren en graves incumplimientos del ordenamiento constitucional, de la legalidad laboral vigente y que conlleva directamente al desacato de multitud de sentencias del juzgado de lo social de Ceuta y del TSJA que han condenado a la subdelegación del Gobierno por los Planes de Empleo 2019/2020 y 2020/2021". La actuación, según ellos, "temeraria de Salvadora Mateos no puede seguir quedando impune ante la mala fe demostrada hacia los trabajadores" del Plan de Empleo "conforme a la doctrina del Tribunal Supremo 15/12/97 al resistirse a aceptar una pretensión legitima ya juzgada que decreta además la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación recogido en el art. 14 de la Constitución Española".
Conflicto colectivo ante el Juzgado de lo Social
Asimismo, han recordado que los contratos suscritos por los trabajadores contratados al amparo de los Planes de Empleo 2021/22 "contenían múltiples condiciones que desde CGT consideramos que no se ajustaban a derecho y en consecuencia por eso se interpuso en su momento el conflicto colectivo ante el Juzgado de lo Social". En concreto, han insistido en que: "No se respetaba el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado con lo que el trato desigual y discriminatorio se institucionaliza, pese a las sentencias más de 50 sentencias del Juzgado de lo Social de Ceuta confirmadas por el TSJA declarando la vulneración del derecho fundamental a la Igualdad artículo 14 de la Constitución Española y condenan a la Delegación del Gobierno en Ceuta por infringir la Constitución. Se realizan contratos de Obra y Servicios determinados (clave 401), precisamente este tipo de contrato acaba de ser anulado en el acuerdo de Reforma Laboral del Gobierno, patronal y sindicatos domesticados. Incluyen en su claúsula decimosexta una mención expresa a la exclusión de la aplicación del IV Convenio "fuera de convenio único para el personal laboral de la AGE". Se fijan para distintas categorías profesionales salarios inferiores al salario mínimo interprofesional fijado actualmente en 1.000 euros por catorce mensualidades, en concreto se establece un salario base de 847,35 euros, en los que se incluye la prorrata de las pagas extra y de la indemnización de los 6 días por finalización del contrato (12 días por año). Pese a tratarse de contratos realizados por la Administración Pública, que debieran ser claro ejemplo de cumplimiento de la legalidad y de los principios constitucionales, la Delegación del Gobierno en Ceuta se ha declarado abiertamente insumisa al cumplimiento de las normas legales y convencionales". Por ello, para CGT "Salvadora Mateos no debiera seguir ni un minuto más al frente de la Delegación del Gobierno en Ceuta". Así, confían en que "la lentitud de la justicia y de la Fiscalía no influya más negativamente a las trabajadores y se pronuncien más pronto que tarde y el Juzgado de lo Social señale fecha urgente, con prioridad, conforme a la ley reguladora de la Jurisdiscion Social LRJS, para la celebración del juicio por el despido colectivo interpuesto sobre el que esperamos una contundente sentencia condenatoria hacia la Administración", han concluido.