El
Ingreso Mínimo Vital sigue en boca de todos. Y no precisamente porque haya servido para ayudar a las familias más vulnerables de Ceuta.
Comisiones Obreras y
UGT critican que la falta de personal y medios en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social está provocando retrasos y una situación de “caos y colapso”, que se produce también en toda España y que afecta no solo al cobro de la prestación, sino también a la tramitación de los expedientes y al reconocimiento de la misma “quedando miles y miles por resolver”.
En este sentido, ambos sindicatos se mostraban de acuerdo en que es cierto que todas las familias con hijos con expedientes de protección familiar a las que se les dijo que “no tenían que hacer ningún trámite porque se resolvían de oficio” han podido cobrar ya la ayuda. Estas serían 366 personas, tal y como informó ayer El Faro. Pero aún quedarían unos 5.000 expedientes de este tipo en Ceuta sin resolver. “La realidad es que de esos 5.000 se han resuelto poco más de 350 y el resto ninguno”, afirmó el secretario de organización de CCOO Ceuta, José Antonio Saiz.
Y todo esto cuando el 15 de septiembre está a la vuelta de la esquina. Todas las personas que presenten su solicitud en los tres primeros meses desde el 15 de junio, y antes del 15 de septiembre, tendrán derecho a los efectos retroactivos al 1 de junio.
Sin embargo, a posteriori el propio Instituto de la Seguridad Social cambia de criterio y “ahora dice que esas personas que no se les ha resuelto tienen que hacer una solicitud exprés y volver a presentar toda la documentación”. Lo que se traduce para CCOO en “una situación perversa porque a esas personas se les ha dicho que no tenían que hacer nada y ahora sí tienen que hacerlo”. Además, “si no lo hacen antes del 15 de septiembre pueden perder este derecho”.
Por otra parte, los usuarios se encuentran con el problema de que el buzón que se habilitó durante la pandemia para que las personas no tuvieran que acudir presencialmente a las oficinas “no funciona y la documentación no llega”.
“Se supone que la Administración había contratado a 700 personas para hacer esas gestiones y no ha sido así. Y propia oficina de aquí de Ceuta dice que apenas les han llegado los expedientes y que muchos están perdidos en el limbo informático. A nivel nacional son más de 700.000 expedientes y nadie sabe que pasa con ellos. No se han resuelto ni el uno por ciento. Este es un escudo social que hizo el Estado para proteger a la gente pero que no está funcionando”, continuó Saiz.
Desde UGT, la vicesecretaria general, Yolanda Aparicio, coincidió en que las oficinas han estado sobrecargadas de trabajo y “ni ayudándoles desde los sindicatos han conseguido que el trabajo saliera para adelante porque hay muy poco personal trabajando”.
Esto hace que miles de ceutíes, según los sindicatos unos 5.000, estén aún pendientes de recibir la notificación de si tienen o no el expediente aprobado, si les falta documentación o deben volver presentar algo y la cuantía que se les concedería.