Andalucía y Cataluña, seguidas por la Comunidad de Valencia y Madrid, fueron las comunidades donde se registró un mayor número de hogares sin perceptores de ingresos en el tercer trimestre de 2013, mientras que Ceuta y Melilla sumaron 1.900. La cifra total ascendió a 651.200 familias, y 222.300 de ellas contaban con al menos un menor de 16 años.
El pasado verano, Andalucía tenía 139.100 hogares sin ningún preceptor de ingresos, seguida por Cataluña (95.100), Comunidad Valenciana (85.200) y Madrid (80.700). Por el contrario, Ceuta y Melilla (1.900), La Rioja (3.600), Navarra (5.400) y Cantabria (6.400) tuvieron los datos con menor número de hogares sin perceptores de ingresos.
En cuanto a las familias sin ingresos en los que hay al menos un menor de 16 años, la lista está encabezada por Andalucía (58.400), Cataluña (32.200) y Valencia (30.600), mientras que Extremadura (5.100) y Baleares (6.000) presentaban las cifras más bajas.
Estos datos se recogen en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo, fechada el pasado mes de diciembre, a una pregunta del diputado socialista Miguel Ángel Heredia.
El pasado octubre, expertos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales señalaron en la presentación del ‘Informe sobre el estado social de la nación’, con datos de distintas fuentes -tales como el Instituto Nacional de Estadística- que las desigualdades sociales habían crecido y España es uno de los países de la UE que ha sufrido un mayor deterioro.
Además, recordaron que en el segundo trimestre del año, en 636.000 hogares no entraba ningún ingreso, cifra que al siguiente trimestre ascendió a los 651.200.
Los datos llevan como fuente del INE y se especifica que se consideran perceptores de ingresos los ocupados, inactivos que son jubilados, prejubilados o que perciben otra pensión y los parados que reciben algún tipo de prestación o subsidio. Circunstancias de este tipo provocan que haya familias que permanecen fuera de la recepción de ingresos producto del trabajo de alguno de sus miembros, por lo que dependen de forma exclusiva de las ayudas sociales de los ayuntamientos.
