El grado de ejecución de los distintos programas del Fondos Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en España del período 2007-2013 está siendo muy positivo, de forma que una vez validada la totalidad de los gastos pagados en 2013, el Gobierno estima que se habrá logrado una ejecución que superará el 70% de los gastos previstos, y entre esas comunidades se encuentra Ceuta. Así lo ha dicho en el Senado el director general de Fondos Comunitarios, José María Piñero, donde ha comparecido para dar cuenta de la situación de los programas españoles a 31 de diciembre del año pasado.
En este sentido, el responsable de la gestión de los Fondos Comunitarios, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, explicó que todos los programas operativos del FEDER, tanto los 19 programas regionales, como los tres plurirregionales han conseguido cumplir con la Regla N+2, lo que permite mantener en todos ellos la ayuda inicialmente asignada a España por la Comisión Europea. Lo mismo ocurre con el Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER, a través del cual se gestionan los recursos del Fondo de Cohesión que le corresponde a España.
Cabe decir que la Regla N+2 es un estricto criterio utilizado por la Comisión Europea, que para el año 2013 se traduce en que la ayuda solicitada a la Comisión -hasta el 31 de diciembre- debe alcanzar como mínimo la suma de las anualidades desde el inicio del período en 2007, hasta 2011.
En cuanto a los 19 programas operativos FEDER regionales, en cuya ejecución participan la Administración del Estado, las CCAA e incluso las Entidades Locales, aunque con una asignación más reducida, el grado de ejecución global se sitúa en un 64%, que corresponde a una ejecución de 11.474 millones de euros de ayuda solicitada a la CE, sobre los 17.918 millones de euros asignados a dichos programas.
Sin embargo, la ejecución de los programas no es uniforme; así, por ejemplo, en Castilla- La Mancha, Asturias, Murcia, Ceuta, Melilla, Castilla y León, Comunidad Valenciana y La Rioja la ejecución supera el 70%, mientras que otras no alcanzan el 60%, como ocurre en Andalucía, Galicia, Aragón, Baleares, Cantabria y Madrid. Las razones de esta dispersión son muy variadas, influyendo factores como el propio volumen del programa, que hace particularmente difícil la ejecución en períodos de austeridad (caso de Andalucía y Galicia), como el peso relativo de las inversiones en infraestructuras del transporte, siempre más sencillas de gestionar.
