Este ingreso corresponde al sistema de financiación autonómica, que opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del
e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.
Según los datos proporcionados por la cartera de María Jesús Montero, la cuarta comunidad autónoma que más ha recibido es la Comunidad Valenciana (10.178,63 millones de euros), tras la que se sitúan Galicia (7.994,71 millones); Castilla y León (6.862,33 millones); Castilla-La Mancha (5.281,82 millones) y Canarias (4.990,61 millones).
La siguiente en la tabla es Aragón (3.824,98 millones), seguida de Murcia (3.382,61 millones); Extremadura (3.275,32 millones); Asturias (2.893,80 millones); Baleares (2.135,29 millones); Cantabria (1.967,62 millones); La Rioja (1.061,54 millones); Ceuta (42,16 millones); y Melilla (33,76 millones). La mejora de las entregas a cuenta que han contemplado los PGE de este año da muestra del compromiso del Gobierno con todos los territorios, con el objetivo de que puedan prestar con una calidad excelente los servicios públicos del Estado del Bienestar que se encuentran en la esfera de sus competencias.
Recursos extraordinarios
El resultado se refleja en los 111.276 millones de euros ingresados por las comunidades autónomas de régimen común y Ciudades de Ceuta y Melilla en concepto de entregas a cuenta, siendo esta la cifra más alta de la serie histórica. Las regiones pueden ahora destinar los recursos extraordinarios proporcionados a cualquier finalidad en el ámbito de sus competencias, ya que no tienen carácter condicionado. Estas medidas están en línea con el compromiso del Gobierno no sólo de proteger los recursos del sistema de financiación, sino además reforzar la situación financiera de las comunidades dotándolas de fondos extraordinarios, como ha venido haciendo en los últimos años. Así, en 2020 se diseñó un fondo de 16.000 millones no reembolsable para que las 17 comunidades y ciudades de Ceuta y Melilla pudieran hacer frente al coste económico de la pandemia, y en 2021 se distribuyeron 7.000 millones de euros adicionales para que gestionaran ayudas directas a las empresas y a los autónomos, así como otra dotación extraordinaria de 13.486 millones no reembolsables.