La vicepresidenta Primera del
Gobierno autonómico, Mabel Deu, traslada “a diario” al Gobierno central que la avalancha migratoria, la invasión, que sufrió Ceuta hace ya casi dos semanas no ha terminado. La administración local lidia como puede con la crisis humanitaria que ha quedado con forma de
más de mil menores marroquíes solos albergados en equipamientos improvisados de emergencia o todavía en la calle. Su reagrupación se presenta complicada (
el 92% de las familias contactadas no reclama su retorno a casa) y el horizonte es inquietante. “Provisionalmente hemos montado unos dispositivos de emergencia para atenderlos con la mayor dignidad posible, pero esto es un problema del Estado español y de la
UE: no nos sentimos solos, pero hace falta un plan de acción global”, reclama Deu en una entrevista junto a la jefa del Área de Menores, Toñi Palomo, con El Faro. “Este es un problema todos y hace falta una respuesta conjunta porque Ceuta no puede atender a mil menores”, advierte. Con más de mil jóvenes acogidos, a la espera de la salida hacia la Península de 200 que ya estaban tutelados, Deu se esfuerza por dejar claro que los recién llegados no pueden esperar cruzar el Estrecho: “Nos hablan de Marbella, Bilbao, hasta Estados Unidos, pero eso no va a poder ser: si tienen una familia que les cuida y protege dentro de sus posibilidades, es mejor volver que quedarse aquí”. Según Palomo, “desde 2018 el 95% de los niños que llegan a Ceuta lo hacen con el consentimiento de sus padres, acompañados por ellos u otros familiares, y el resto pagando unos 150 euros para cruzar
la frontera”. El 97,5% solía tener 17 años. Aunque esta vez ha accedido a la ciudad “un grupo importante” todavía no cuantificado de pequeños con menos de 15 años, la presión migratoria infantojuvenil por razones económicas ha revelado, a juicio de Palomo, el “fracaso” de un modelo que lleva años pidiendo cambiar: “Son menores, pero son menores migrantes, y el plan de intervención con el que hemos trabajado durante más de 20 años ha fracasado”, subraya la funcionaria, que echa en falta desde hace años planes de contingencia para situaciones como en la que nos encontramos, a la que ya se ha enfrentado Ceuta en ocasiones anteriores con menor intensidad tras saltos de la valla.
“Estamos realizando entrevistas individuales para poner orden en el caos siguiendo escrupulosamente los procedimientos establecidos en el sistema de protección infantil”, precisa. La Ciudad ha decidido adquirir las tres naves que ya utiliza en el Tarajal para atender “contingencias” que aparezcan en el futuro (inundaciones, nuevas crisis migratorias, cuarentenas...), pero no se contempla siquiera convertirlas en centros de acogida permanentes: “No reúnen las condiciones de un acogimiento residencial, son de emergencia y estamos haciendo más de lo que podemos desbordados, cumpliendo con todas las garantías en un contexto complejo”, asume Deu. Asimismo, la consejera coincide en la urgente necesidad de “un plan para los menores que son migrantes económicos porque este es un fenómeno de inmigración y el Gobierno central, que es el que puede y debe hacerlo, tiene que incluir un refuerzo de las fronteras, garantías para la seguridad de Ceuta y de los ceutíes y abordar la gestión de los menores”.
“Aquí no hay sitio ni se puede hacer un centro para acoger a mil chicos”
Deu y Palomo han extraído algunas conclusiones positivas de esta crisis. La consejera alaba el trabajo realizado por el Área de Menores y el resto de su Consejería, así como la implicación de otros departamentos para dar una respuesta de urgencia a la necesidad de dar techo a mil jóvenes. La jefa del Servicio reconoce la disponibilidad absoluta de la vicepresidenta en estos momentos de “gran dificultad”. Ambas, la disposición de entidades como la Fundación SAMU, Cruz Roja, Save The Children o Cruz Blanca. “No nos hemos sentido solos”, dice Deu a pesar de la negativa del Estado a facilitar infraestructuras de emergencia como cuarteles. “Aquí no hay sitio ni se puede hacer un centro para acoger a mil menores, es inviable porque nuestra capacidad real no debería exceder de 60 ó 70, y este es un problema de todos que debe movilizar a todos”, reclaman.