El Faro ha tenido acceso a la carta firmada por las consejeras de Hacienda de Ceuta y Melilla, Kissy Chandiramani y Dunia Al-Mansouri, dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde le explican todos los razonamientos necesarios para que ambas ciudades tengan posibilidad de acceder a los distintos fondos aprobados por el Gobierno de la Nación destinados a aliviar los gastos que las autonomías tienen a lo largo de estos dos meses de lucha contra la pandemia.
En la misma recogen que los dos territorios “atraviesan por un momento especialmente crítico y preocupante, provocado por causas sobrevenidas y ajenas y es por ello que como consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta y como consejera de Hacienda, Empleo y Comercio de la Ciudad Autónoma de Melilla, respectivamente, nos dirigimos a ti para pedirte el apoyo y la colaboración del Gobierno de la Nación, y más concretamente, del Ministerio del cual eres titular, en unos asuntos de gran calado para los intereses de nuestras ciudades”. Le anuncian que el interés de las dos ciudades es participar en todos los fondos aprobados por el Gobierno.
Les preocupa quedar al margen de la cuantía destinada al ámbito sanitario por no tener las competencias en materia de sanidad en cuanto al ámbito asistencial. En ese apartado, se refieren a que, si bien no se ostentan las competencias en materia de Sanidad, sí que las tienen en materia de salud pública (BOE nº 30, de 4 de febrero de 1999, RD 32/1999, de 15 de enero sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de sanidad y BOE nº 313 de 31 de diciembre de 2005, RD 1515/2005, de 16 de diciembre sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de sanidad).
Defienden que no solamente no pueden quedar al margen sino ser partícipes de pleno derecho en el mismo. El papel activo de ambas ciudades en la crisis del COVID-19 ha sido y es evidente. “Aún habiendo recibido del Ministerio de Sanidad 350.000 euros, la realidad es que desde nuestros servicios de salud pública se ha venido asistiendo, en todo momento, a los servicios centrales del Ingesa y a todos los requerimientos de información y ayuda que nos ha efectuado el Ministerio de Sanidad. De esta manera, y a título de ejemplo, hemos procedido a la compra de material de prevención tales como los test rápidos o EPIs sanitarios, hemos puesto a disposición del Ingesa los recursos humanos de los que disponemos (especialmente nuestros respectivos servicios de Epidemiología, emitiendo cuántos informes se les requieren y haciendo una labor de detección y prevención nada desdeñable) y no hemos escatimado a la hora de colaborar con todo lo que nos ha solicitado la Autoridad Delegada”.
Aprovechan para destacar la atención que las ciudades de Ceuta y Melilla están llevando a cabo con los inmigrantes marroquíes que no han podido volver a su país de origen y a los que “hemos tenido que albergar en diversos espacios, como polideportivos o albergues. En el mismo sentido, nos encontramos con los Menores Extranjeros no Acompañados (MENA) marroquíes, cuya situación se hace insostenible, ya que nos hemos visto obligados a habilitarles espacios de estancia y residencia extraordinarios por temor al contagio dado su alto número y la situación de hacinamiento en los centros actuales. Una administración como la nuestra no puede asumir la situación de estos colectivos, inmigrantes y MENA, dado que el hecho de ser Ciudades fronterizas hace que a pesar de ser el 0,2 % de la población española soportemos el 14% de la presión migratoria de adultos y MENA marroquíes y argelinos”.
Recuerdan que en esta crisis sanitaria las Ciudades de Ceuta y Melilla están teniendo que utilizar los Fondos Extraordinarios Sociales habilitados en el mantenimiento de estas personas. Finalmente y en este ámbito se han tenido que realizar esfuerzos tanto económicos como humanos, adquiriendo material sanitario, habilitando dos espacios de acogida (no solo a los colectivos enunciados sino también para posibles casos necesitados de aislamiento), atendiendo a la Autoridad Delegada en las peticiones de mayores servicios de los cuerpos de Policía Local, Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil, personal de asistencia social, así como residencias de mayores entre otras, desinfección de las calles y edificios públicos, lo cual, a su vez, ha supuesto un aumento considerable del gasto tanto en contrataciones como en servicios extraordinarios requeridos. Además, las consejeras adjuntan un anexo con los gastos ocasionados por Covid-19, relativos a Ceuta y Melilla.
En cuanto al Fondo relativo a paliar la pérdida de recaudación de las diferentes administraciones, creen que debe tenerse en cuenta el Régimen Económico y Fiscal especial de las Ciudades de Ceuta y Melilla y sobre todo el tributo propio, el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, de características similares al IGIC canario. Sostienen que “es evidente que la menor recaudación va a afectar a nuestras cuentas públicas limitadas por la incapacidad de endeudamiento de nuestras haciendas.
Los cálculos realizados vienen a determinar que aunque este impuesto esté compensado, al estar referenciado al PIB, la caída será de un 10,1 %, lo cual devendrá en la imposibilidad de prestar los servicios públicos indispensables en las mismas condiciones que el resto del territorio español. Además, acompañan cuadros en los que se cuantifica la pérdida de recaudación prevista. Sí se muestran, de acuerdo con el apartado del Fondo Social, donde recibirá 5 millones cada ciudad.
De la mano: Juntas las dos Consejerías de Hacienda
Tal y como ya habían establecido unos días, las dos ciudades han ido de la mano y consideran que es un buen método para tener más fuerza delante del Gobierno de la Nación.
Diferencias: No son del mismo color político
En esta política de unidad ante el Gobierno del estado es la primera vez que ambas fuerzas políticas son de diferente signo. Mientras que en Ceuta es un gobierno monocolor del Partido Popular, en Melilla, sin embargo, es de un tripartito formado por Coalición por Melilla, PSOE y Ciudadanos.
Acuerdo y desacuerdo: No al reparto en dos de los fondos
Muestran en la carta su acuerdo en el reparto previsto en el Fondo Social, pero no en los apartados del correspondiente a mitigar los gastos sanitarios y, por otro lado, el establecido para la menor recaudación tributaria provocada por la caída del Producto Interior Bruto nacional. Al final habrá que esperar los resultados.
Asimismo, en la carta le exponen la situación respecto a dos convenios previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que sostienen necesidades básicas. “Se trata del Convenio de compensación producción de agua y del Convenio para los gastos derivados de la situación socioeconómica por el hecho fronterizo. No hemos recibido los tres fondos del año 2019, lo que nos ha llevado a una situación económica difícil al haber realizado el gasto tal y como estaba previsto. Sabedores de tu voluntad firme de solucionar para el ejercicio 2020 esta cuestión, ya no solo para estos dos convenios sino para todos los que tenemos vigentes, nos gustaría se articulara alguna medida en aras de solventar el problema ocasionado en el ejercicio 2019 por la falta de la recepción de las cuantías correspondientes a los dos convenios aludidos y estar el gasto realizado”.
Es una petición que ha sido una constante por parte de los dos presidentes en las diferentes conferencias con sus homólogos que han tenido lugar a los largo de los últimos nueve domingos desde el inicio del Estado de Alarma. Tanto uno como otro han señalado que es una cuestión de voluntad política, puesto que para otras comunidades autónomas se han encontrado otras fórmulas para recibir el dinero como ocurrió para Canarias en la cuestión de la desalinización.
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