Las dos delegadas del Gobierno de Ceuta y Melilla, Salvadora Mateos y Sabrina Moh, mantuvieron este jueves una reunión telemática acompañadas de miembros de las fuerzas de seguridad, Guardia Civil y Policía Nacional, y sus respectivos equipos. Una reunión con un tema clave: perfilar el documento que se remitirá a Madrid con los detalles del tipo de frontera con Marruecos a la que aspiran ambas ciudades, mejorando lo que ya habían tratado en anteriores encuentros.
En contra de una apertura inmediata se posicionan las fuerzas de seguridad, tanto sus asociaciones y sindicatos como las cúpulas de ambos Cuerpos. Al menos hasta que estén las obras terminadas, sobre todo las que afectan directamente a la seguridad, y se aclare qué sucede con la ley del asilo, sobre la que el Estado se planteó cambios equiparando las solicitudes de protección presentadas en Ceuta a las formuladas en un centro de internamiento de extranjeros lo que, en la práctica, supondría agilizar la respuesta del Gobierno a esa petición mientras los peticionarios están encerrados.
Pero en esto no se ha avanzado lo suficiente como para una apertura de fronteras inmediata, lo que hace temer a las fuerzas de seguridad un complicado control sobre marroquíes interesados en cruzar a Ceuta o Melilla únicamente para reclamar esa protección internacional, complicándose la situación mucho más de lo que lo hizo tras las entradas masivas de mayo y los posteriores colapsos de la oficina del Tarajal.
La fecha de esa apertura la marcará España y Marruecos o, mejor dicho, Marruecos y España. Lo que de momento se tiene claro es que los pasos terrestres de Ceuta y Melilla abrirán bastante después de que lo haga la línea marítima que garantice las conexiones entre la Península y el vecino país, lo que permitiría, de ser antes de final de Ramadán, las reuniones de familias que, en los peores de los casos, llevan dos años sin verse.
De la visita de Albares y Sánchez en Marruecos dependerá la fecha esperada.
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