Los hechos de Ceuta no pueden examinarse con las categorías ordinarias de la política migratoria. Presentarlos como una simple llegada irregular de extranjeros confundiría la naturaleza individual de quien atraviesa una frontera con la dimensión política y colectiva de una entrada masiva producida en pocas horas sobre un territorio reducido y esencial para la integridad territorial de España.
Cada persona debe recibir, naturalmente, el trato que imponen la legislación de extranjería y los compromisos internacionales asumidos por España; esa exigencia no impide, sin embargo, analizar y responder adecuadamente a una acción multitudinaria y territorialmente concentrada. Cuando miles de personas parten de las costas de un Estado vecino, atraviesan en pocas horas una frontera española y exterior de la Unión Europea y desbordan las capacidades de la ciudad receptora, no estamos ante la mera suma de decisiones individuales, sino ante una penetración masiva y no consentida en territorio nacional.
En sentido político, una situación así presenta rasgos propios de una invasión; reducirla a varios miles de infracciones administrativas sería imprudente. Las informaciones conocidas apuntan al uso de redes sociales, grupos de mensajería y estructuras informales para difundir instrucciones, horarios y puntos de acceso, y no parece razonable atribuir una movilización de esa envergadura a una coincidencia espontánea.
La identidad de los promotores habrá de determinarse mediante las investigaciones policiales y de inteligencia, pero la necesaria coordinación habida es un hecho que el Estado no puede despreciar. Conviene distinguir lo acreditado de lo que aún debe probarse. Las entradas se iniciaron desde territorio marroquí y evidenciaron, cuando menos, una actuación insuficiente o negligente de sus autoridades. Cuestión distinta es si esa insuficiencia o negligencia fue tolerancia deliberada o consecuencia de una intervención política dirigida a facilitar los hechos, o incluso a organizarlos, posibilidad que no debe descartarse.
El precedente de mayo de 2021 impide tratarla como simple especulación. Durante aquella crisis diplomática, Marruecos relajó deliberadamente el control fronterizo y permitió la entrada en Ceuta de miles de personas. Sabemos desde entonces que los flujos migratorios pueden instrumentalizarse como presión sobre España: la vigilancia de la frontera no depende de razones técnicas, sino de decisiones soberanas de Rabat. La llamada guerra híbrida consiste en el empleo combinado de instrumentos no militares —presión económica, desinformación, ciberataques o desplazamientos humanos— para desestabilizar a otro Estado sin declaración formal de guerra.
No toda utilización política de la inmigración constituye, sin embargo, una operación híbrida: la calificación exige finalidad estratégica, organización suficiente y voluntad de producir un efecto desestabilizador. Tampoco cabe descartarlo aquí: no es preciso afirmar que Marruecos dirigiera cada movimiento para admitir que la tolerancia consciente de una salida masiva cumple una función estratégica.
Cuando un Estado permite que su territorio sirva para desbordar la frontera de otro, la distancia entre la pasividad y la colaboración se vuelve extraordinariamente tenue. Caben, pues, dos lecturas próximas: una acción híbrida o una operación premeditada favorecida por la insuficiente vigilancia marroquí. Su efecto, perseguido o no, es el mismo: saturar Ceuta y trasladar a Europa la imagen de un país débil incapaz de proteger sus fronteras. No obstante, la preocupación principal debe centrarse, en la respuesta española.
Nada de esto era imprevisible: había antecedentes recientes, análisis de inteligencia y una vulnerabilidad geográfica conocida. Su magnitud plantea dudas sobre la alerta temprana, los refuerzos preventivos, la coordinación entre Interior, Defensa, Exteriores y la Ciudad Autónoma y los planes de contingencia disponibles.
La Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, impone los principios de unidad de acción, anticipación, prevención y coordinación, y su artículo 22 define la gestión de crisis como el conjunto de actuaciones dirigidas a detectar y valorar amenazas, facilitar la toma de decisiones y asegurar una respuesta coordinada de los recursos del Estado.
Lo sucedido en Ceuta afecta a un tiempo a la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, las relaciones exteriores, la política migratoria y una frontera exterior europea. Difícilmente cabe un supuesto más transversal, lo que sugiere la procedencia de declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional o, cuando menos, de activar los mecanismos de coordinación previstos en el ordenamiento.
Una reacción insuficiente traslada una imagen de debilidad y produce un efecto de llamada, no sólo sobre quienes desean emigrar, sino sobre quienes pretendan emplear los movimientos humanos como instrumento de presión.
El debate alcanza también a la regularización extraordinaria promovida por el Gobierno y sometida al control del Tribunal Supremo. El Tribunal resolverá conforme al ordenamiento jurídico pero el Gobierno y el legislador están obligados a ponderar las consecuencias de sus decisiones: una política que haga percibir que la permanencia irregular desemboca con el tiempo en una regularización colectiva debilita el efecto disuasorio de la frontera.
La hospitalidad no exige ingenuidad, ni la protección de los derechos humanos obliga a renunciar al deber del Estado de defender su territorio. Ceuta ha mostrado que la inmigración irregular, cuando alcanza dimensión masiva, puede ser instrumentalizada por terceros, deja de ser una cuestión únicamente migratoria o social para convertirse en una amenaza para la seguridad nacional y para la integridad territorial de España y esto son palabras mayores
