La consejera de
Economía, Hacienda y Función Pública del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha adelantado este jueves que la ciudad autónoma acogerá “en breves fechas” dos eventos “relevantes” en relación con la pujante radicación de empresas dedicadas al
juego en línea. Uno girará sobre el “juego responsable” e intentará reunir a todos los agentes implicados (Educación, Interior, organismos reguladores...) y otro para “aunar ese ecosistema” que previsiblemente se celebrará durante el tercer trimestre del año. La miembro del Ejecutivo local ha explicado que durante
su presencia en la Feria Internacional del Juego de Madrid (FIJMA) tuvo la oportunidad de invitar al director general de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo, Mikel Arana, a visitar Ceuta y participar en alguna de esas citas. La delegación de la administración local desplazada a la capital ha presentado a Ceuta como “el mejor lugar en Europa para las compañías tecnológicas”. Tras el aterrizaje de varias compañías más, el número de las sociedades dedicadas al juego directamente o a prestarles servicios auxiliares supera el medio centenar y son alrededor de 600 los empleos directos que ha creado, según las estimaciones de la Ciudad. Cuatro empresas internacionales (una multinacional y otras tres compañías de Italia, Reino Unido y Brasil) se comprometieron a mediados de febrero en
la feria Ice Totally Gaming de Londres a instalarse durante el primer semestre de este año en Ceuta. El
Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas quiere fortalecer el REF local frente a amenazas como el cambio en el régimen de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social aprobado por el Ejecutivo central, que perjudicará especialmente a sectores en los que las retribuciones del personal son altas. Además, Chandiramani seguirá insistiendo en la necesidad de reformar la Ley del Impuesto de Sociedades para "mejorar las bonificaciones a las entidades residentes o no en las ciudades autónomas que cuenten con un lugar fijo de negocios en ellas". Así, podrían incrementar el importe de sus deducciones "hasta un importe de cien mil euros por persona empleada con contrato laboral y a jornada completa que ejerza sus funciones" en las localidades españolas norteafricanas.