Hay momentos en los que una ciudad deja de respirar con normalidad. Ceuta está viviendo uno de esos momentos. Y lo más doloroso no es solo la crisis migratoria que la atraviesa desde finales de julio: es que esa crisis ha alcanzado ya el umbral más sagrado de cualquier sociedad, las aulas.
El 8 de septiembre debería ser un día de anticipación, de cuadernos nuevos, de abrazos en la puerta del colegio y de promesas de un curso mejor. En su lugar, muchas familias ceutíes se preguntan si podrán llevar a sus hijos a una clase con la tranquilidad que todo niño merece. Algunas escuelas infantiles municipales han aplazado su apertura hasta finales de mes. Otras se abrirán con dispositivos de seguridad reforzados, vigilancia en rutas y perímetros, y la sombra de la excepcionalidad instalada en lo cotidiano.
No es normal. No debería serlo nunca.
La escuela no es un espacio más. Es el lugar donde se construye la esperanza, donde se aprende a convivir, donde los niños y las niñas deben sentirse protegidos por encima de cualquier otra consideración. Cuando la emergencia llega hasta allí, cuando los centros han tenido que ser desalojados, limpiados y acondicionados después de haber servido de acogida provisional, cuando los docentes y las familias empiezan el curso con la pregunta de “¿qué pasará alrededor del colegio?”, algo más profundo se ha roto.
Defender los derechos humanos y la dignidad de quienes llegan no puede significar aceptar que la improvisación se convierta en política permanente. Exigir seguridad y orden tampoco equivale a negar la humanidad. Se pueden —y se deben— sostener ambas cosas a la vez. Se puede reclamar protección para los menores migrantes y, al mismo tiempo, exigir que los recursos sean suficientes, planificados y dignos. Se puede defender el derecho de los ciudadanos de Ceuta a vivir sin miedo y a que sus hijos e hijas acudan a clase sin escoltas ni zozobra. Se puede combatir el racismo sin silenciar el sufrimiento de quienes padecen las consecuencias de una gestión que llega siempre tarde.
El verdadero fracaso no es la llegada de personas que buscan una vida mejor. El verdadero fracaso es haber renunciado, durante demasiado tiempo, a gobernar los flujos migratorios con estrategia, coherencia y previsión. Es convertir las fronteras de Ceuta y Melilla en piezas de un tablero diplomático cuyos costes terminan pagando siempre los mismos: los vecinos, los docentes, las familias y, sobre todo, los niños y las niñas.
Un Estado democrático tiene la obligación de proteger sus fronteras, combatir a las mafias que trafican con seres humanos, ordenar los flujos y ofrecer protección real a quienes la necesitan conforme a la legalidad. Tiene también la obligación de no trasladar a una ciudad de dimensiones limitadas el peso de decisiones —o de ausencias de decisión— tomadas a cientos de kilómetros. Y tiene, por encima de todo, el deber de preservar la paz social y la normalidad educativa como bienes irrenunciables.
Cuando las autoridades tienen que organizar con urgencia la recuperación de centros escolares y reforzar la vigilancia en los accesos, la pregunta inevitable es: ¿se hizo todo lo necesario para evitar llegar hasta aquí? La respuesta no puede seguir siendo la misma de siempre: más recursos cuando la crisis ya ha estallado, más anuncios cuando la confianza se ha erosionado, más improvisación cuando lo que se necesitaba era anticipación.
La educación debería ser uno de los espacios más protegidos de cualquier sociedad. La escuela debe ser refugio de aprendizaje, de convivencia y de futuro. No el último lugar donde se depositan las consecuencias de lo que no se quiso o no se pudo gestionar a tiempo.
Después de décadas defendiendo los derechos de las personas, sigo creyendo exactamente en lo mismo: no hay verdadera responsabilidad política cuando los gobiernos se limitan a reaccionar ante crisis que tenían la obligación de prever.
Los docentes merecen empezar el curso con los medios y la seguridad necesarios. Las familias necesitan llevar a sus hijos a la escuela con tranquilidad. Quienes llegan merecen un sistema justo, humano y ordenado, que les diga con claridad cuáles son sus derechos y también sus obligaciones.
Este inicio de curso en Ceuta no puede convertirse en una nueva normalidad de la excepcionalidad. Debe ser una llamada de atención para todos y todas.
Necesitamos: Humanidad para no perder nuestra condición. Legalidad para garantizar derechos. Seguridad para proteger la convivencia. Y, sobre todo, responsabilidad política para que los ciudadanos —y especialmente los niños y las niñas— no vuelvan a pagar el precio de los errores de quienes tenían el deber de prevenirlos.
La escuela no puede esperar. Los niños y las niñas tampoco.
Ascensión Palomares Ruiz, Presidenta de la Asociación Europea Liderazgo y Calidad de la Educación
