Ceuta, ¿un callejón sin salida para los menores marroquíes?

¿Quieren convertir Ceuta en una especie de cárcel para menores, en un callejón sin salida? Aplicando la tesis del PP a nivel nacional eso es lo que parece. El veto al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la Nación y el de Canarias es un rechazo absoluto a la defensa de los intereses de la ciudad autónoma, que no puede soportar la acogida de más de 130 menores.

Superar esas cifras, como sucede ahora con más de 430 niños, es no poder garantizar una asistencia mínima. Impedir traslados regulados no hace sino agravar esa situación.

Tener acogidos a menores en naves como las del Tarajal o en los iglús de Piniers son soluciones que se adoptaron el pasado verano como temporales. Su extensión en el tiempo se produce a consecuencia de posturas irracionales, políticamente hablando, como las mantenidas por el PP nacional que, en este asunto, camina de la mano de Vox.

De “inmoral” tildan los populares nacionales este acuerdo, en una postura ajena y desmarcada de la presión que soporta no solo la ciudad autónoma sino de forma más sangrante Canarias.

El comunicado oficial de la Ciudad

Aquí en Ceuta, el Gobierno local encabezado por Juan Vivas emitía un comunicado oficial este sábado a colación de ese acuerdo, indicando que siempre han puesto de manifiesto “de manera insistente y reiterada en distintos foros e instancias, que el Gobierno de Ceuta está de acuerdo con cualquier iniciativa que se adopte para socorrer la situación” generada.

De hecho, la califican de “insostenible” en relación con la acogida de menores inmigrantes no acompañados. Buscan una solución que esté “basada en el traslado, ágil y ordenado de menores entre comunidades, según unos criterios objetivos de reparto y contando con la financiación de la Administración General del Estado”.

De igual manera, la Ciudad indica que “se está en contacto tanto con el Gobierno de la Nación como con el de Canarias, al objeto de poder conocer los términos de la mencionada propuesta y así poder fijar, sin perjuicio de lo expresado en el punto anterior, una posición al respecto”.

El PP de Ceuta y el de Canarias, de la mano

La postura de Ceuta no es aislada. En Canarias, el vicepresidente del Gobierno y presidente del PP canario, Manuel Domínguez, ha afirmado con rotundidad que está de acuerdo con el decreto que negocia el Gobierno central para repartir 4.000 menores entre las distintas comunidades autónomas.

Domínguez ha sido claro: “Se trata de una propuesta del Gobierno canario, si eso le crea un problema con el PP de Madrid pues, mala suerte”, ha indicado en declaraciones al medio El Espejo Canario.

Populares de Ceuta y Canarias marchan en la misma línea centrada en la obtención de un auxilio claro que tire de solidaridad territorial.

El debate es claro: ¿qué deben hacer los gobernantes populares de los territorios afectados por la inmigración infantil?, ¿tienen que defender las tesis nacionales de su partido o las de la ciudad que gobiernan y para la que fueron elegidos?

En el caso de Ceuta y Canarias, zonas más presionadas en la actualidad por entradas de menores, la respuesta es clara: el interés de la Ciudad prevalece sobre las siglas. Y no solo por cuestión de recursos económicos, sino también materiales.

Condiciones de acogida nada adecuadas

No se trata de enfrentarse al partido, a la dirección, sino de atender las querencias de unos pueblos que se están viendo sobrecargados por una inmigración infantil permanente. Y lo están por su mera ubicación geográfica que les convierte en territorios de la frontera sur de Europa.

En Ceuta, las condiciones de acogida actuales no son las más aceptables, pero sí las únicas que puede dar una ciudad sometida a una presión marítima constante y a la imposibilidad de regular una salida estructural y ajustada a una norma para evitar el colapso.

El término solidaridad es inaplicable hoy por hoy al ámbito de la inmigración infantil, un problema nacional y europeo, pero que salpica directamente a ciudades frontera como es el caso de Ceuta.

La poca o nula empatía para resolver este asunto se traduce en las posturas opuestas al acuerdo enarboladas por el PP nacional y Vox.

Ese veto supone condenar a la ciudad a convertirse en una especie de cárcel para niños.

PP y Gobierno central

El PP de Feijoo está dominado por un mensaje centrado en la sinrazón a pesar de que la propia ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha insistido en que ninguna comunidad autónoma se va a quedar fuera del reparto.

Desde el Gobierno se pide al PP que demuestre tener altura de miras, pero este insiste en tildar el acuerdo de “inmoral” y de “error político”.

Ceuta, mientras tanto, sigue viéndose sometida a un bloqueo de menores que deriva en inevitables riesgos.