El informe 'Silenciadas', elaborado por la organización Save the Children, ha recordado este miércoles que Ceuta es junto a Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias las autonomías en las que se han registrado más agresiones sexuales grupales (también denominadas en 'manada') en términos de tasa por 100.000 habitantes.
El dato no es nuevo ya que se extrae de la estadística del Ministerio del Interior sobre denuncias de delitos sexuales en 2022. Según este informe del ministerio que dirige Fernando Marlaska, aquel año se contabilizaron 17 hechos constitutivos de delitos sexuales cometidos por dos o más responsables, de los cuales 15 corresponden a la tipología de agresión y abuso sexual, mientras que dos incluyeron la penetración.
No obstante, en ese mismo ejercicio al que alude Save the Children, Interior cifró en 46 los hechos conocidos contra la libertad sexual en Ceuta: 35 por agresión y abuso sexual; cinco con agresión y abuso sexual con penetración; uno por acoso sexual; uno por contacto con menores de 16 años mediante la tecnología; uno por corrupción de menores; y tres por pornografía de menores.
Por estos casos, las fuerzas de seguridad efectuaron 35 detenciones, de ellas 30 por agresión y abuso sexual.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Save the Children ha presentado una investigación sobre agresiones sexuales en la adolescencia que muestra cómo la construcción de la sexualidad está marcada por la desigualdad y afecta tanto a las chicas como a los chicos, aunque de manera diferente.
Casi la mitad de las denuncias por violencia sexual que se presentaron en 2022 tenía como víctima a un menor de edad y, de ellas, ocho de cada diez eran niñas o adolescentes.
"Ser niña vuelve a ser un factor de riesgo determinante para poder sufrir una agresión de este tipo", ha lamentado la directora de Incidencia Política y Social de Save the Children, Catalina Perazzo, durante la presentación de este informe.
En cuanto a los agresores, los datos reflejan que en el 97 por ciento de los casos es un hombre y un 15,6 % de los condenados por violencia sexual son menores de edad.
Perazzo explica este hecho en base a unos roles y estereotipos de género que se asocian a una determinada masculinidad desde la primera infancia y que está vinculada a la fortaleza física, ser activos sexualmente, vivir situaciones de riesgo, alejarse de las emociones y con actitudes de control y dominación, que se confunden con protección o incluso con afecto.
Además, la investigación ve en este fenómeno la influencia de la pornografía y recuerda que casi 7 de cada 10 adolescentes consumen este tipo de contenidos y, de media, lo hacen por primera vez a los 12 años.
Una pornografía de consumo masivo online, gratuita e ilimitada y cuyos contenidos están basados en la violencia y la desigualdad.
Así, la pornografía muestra aspectos que los chicos y chicas pueden reproducir como la no necesidad de pedir consentimiento, la ausencia de métodos anticonceptivos, la estigmatización de los cuerpos y cosificación de la mujer o el establecimiento de roles desiguales: dominio (chicos) y sumisión (chicas).
Save the Children analiza también en su informe aquellas agresiones cometidas en grupo, un delito cada vez más visible en la sociedad dada la gravedad de la violencia y la mayor difusión mediática.
Según los datos de Interior, el número de agresiones sexuales cometidas por más de una persona, independientemente de su edad, ha aumentado en los últimos cinco años en más de un 64 por ciento y representan el 4,2 por ciento del total de delitos denunciados por violencia sexual.
La mayoría de esas agresiones grupales se cometen por dos personas y tienen lugar sobretodo los fines de semana. En un tercio de los casos, los agresores son menores de edad.
En cuanto a las víctimas de estas agresiones grupales, el perfil es el de una niña o adolescente, con una edad media de 15 años, cuyos agresores tienen una edad similar, se conocen con anterioridad (aunque sea de forma limitada) y el delito suele cometerse con penetración y violencia.
Perazzo ha apuntado que más del 10 por ciento de las agresiones sexuales múltiples son grabadas o fotografiadas como señal de dominio y a la espera de un reconocimiento del grupo de iguales, lo que muestra cómo afectan las nuevas tecnologías e internet a la forma de relacionarse de los jóvenes.
La responsable de Políticas de Infancia, Carmela del Moral, ha apuntado además que Ceuta, Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias son las comunidades en las que se han registrado más agresiones grupales en términos de tasa por 100.000 habitantes.
Para atajar esta problemática, desde esta ONG consideran imprescindible que el Gobierno desarrolle una legislación específica que despliegue medidas de prevención, como una educación afectivo-sexual, o en un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías.
"La pornografía no puede ser la profesora de sexualidad de niños, niñas y adolescentes porque estamos hablando de ficción, no es real. Es como si enseñáramos a conducir a adolescentes con videojuegos de carreras de coches", ha advertido Perazzo.
Además, cuando la violencia ya se ha producido, es necesario que las víctimas sean atendidas con las mayores garantías y respetando todos sus derechos. Para ello, Save the Children propone la formación inicial y constante de todos los profesionales del ámbito jurídico.
En la atención a los adolescentes que han cometido una agresión, la organización apuesta por intervenir no sólo de forma individualizada con el agresor, sino también con su entorno para una reparación eficaz a largo plazo.
"Se debe tener en cuenta siempre que tanto víctimas como agresores son niños, niñas y adolescentes. Por tanto, el enfoque de derechos de infancia y adolescencia debe ser el punto de partida en la prevención y en la detección y, una vez que la violencia ya se ha producido, también en la atención", concluye Perazzo.
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