El que gira sobre si las barriadas del extrarradio han sido tratadas con justicia por parte de la Ciudad Autónoma durante la legislatura que termina volverá a ser, como cada cuatro años, uno de los debates centrales de la próxima campaña electoral.
Según los datos oficiales, de los 131,6 millones de euros ejecutados o en proyectos en pleno desarrollo promovidos por la administración local, el 90% se ha invertido en la periferia, donde se han levantado los dos equipamientos que han exigido un mayor desembolso desde 2019, la nueva pista de atletismo y el polideportivo de Miramar.
Estas cifras no quitan razón a los vecindarios que se quejan de necesidades básicas que todavía no han sido atendidas, sobre todo fuera del centro, pero no solo. Para que el balance sea justo debe tener en cuenta tanto lo que queda por hacer como lo que se ha hecho sin olvidar las limitaciones presupuestarias obvias y los contratiempos que trajeron consigo la pandemia, el cierre de la frontera o la crisis migratoria de mayo de 2021, que obligaron a destinar fondos a objetivos no planificados.
El nuevo Gobierno de la Ciudad tiene, con independencia de su color político, que hacer un diagnóstico minucioso de las carencias de todas las zonas de la ciudad y priorizar su atención en función de su importancia. Se trata de un trabajo que no se puede demorar para planificar adecuadamente la acción de la institución durante el próximo cuatrienio y que además sería bueno sacar de la confrontación partidista más enconada.
Una vez que las urnas hayan emitido su veredicto todos los partidos representativos deberían aportar su conocimiento de la realidad local para, con el concurso de los técnicos, proyectar un plan de obras planificado y presupuestado con detalle y un cronograma que permita seguir su cumplimiento o no para poder exigir responsabilidades a quien corresponda.
