La reducción de los grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) destinados en Ceuta y Melilla, compuestos hasta ahora por 50 agentes, que pasarán a ser de 15, llegará al Congreso de los Diputados, ya que el Partido Popular ha registrado una serie de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior.
Sobre este asunto, los populares consideran que es una decisión “grave y preocupante”, especialmente en dos ciudades fronterizas, las cuales comentan que “requieren de una vigilancia y un refuerzo policial constantes por su singularidad geográfica y su complejidad en materia de seguridad”.
Por esta razón el diputado del Partido Popular por Ceuta, Javier Celaya, ha reclamado explicaciones el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, planteando tres cuestiones en torno a este asunto.
La primera de ellas será para saber los motivos operativos por los que se han llevado a cabo esta reducción de los efectivos. Por otra parte, también quiere saber si la circunstancia tiene que ver con la “falta de liquidez de las cajas pagadoras” de las Comisarías y la “dificultad para abonar las dietas de los agentes por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado”.
Por último, Celaya desea saber si el Ministerio del Interior puede garantizar que esta disminución de agentes de la UIP no pone en peligro la seguridad ciudadana ni propiciará un aumento de la criminalidad en Ceuta y Melilla.
Siguiendo con las continuadas críticas al Gobierno nacional, el Partido Popular denuncia que “el Gobierno de Sánchez pone en riesgo la seguridad en dos de las fronteras más sensibles de España y de Europa, en un momento en el que, lejos de reducir efectivos, se debería apostar por reforzar los recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Asimismo, el PP recuerda que “este tipo de decisiones generan incertidumbre entre los propios agentes, que ven cómo se deterioran sus condiciones laborales y se limitan los medios para cumplir con su trabajo de protección y seguridad”.
Además, por parte de los populares también insisten en que las dos ciudades autónomas, debido a su situación geopolítica y fronteriza, “necesitan una atención especial y un refuerzo permanente de medios humanos y materiales”.
Por esta razón, exigen a la cartera dirigida por Marlaska que “dé explicaciones inmediatas, aclare los motivos reales de esta decisión y garantice que se van a mantener los efectivos policiales necesarios para asegurar la tranquilidad y la convivencia de los ciudadanos”.
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