Los partidos políticos con capacidad de liderar el Gobierno central que salga de las elecciones generales del próximo 23 de julio, PP y PSOE, PSOE y PP, según la encuesta a la que se atienda y con los socios que encuentren si no alcanzan, como se pronostica, la mayoría absoluta, ya tienen el decálogo de reivindicaciones básicas de la patronal de Ceuta para sentar desde el Estado unas bases sólidas para el futuro económico de la ciudad autónoma.
La Confederación de Empresarios que preside Arantxa Campos espera que el próximo Ejecutivo de la nación sí sea capaz de abrir de verdad la aduana comercial del Tarajal, de abordar cambios legislativos pendientes en las normas del IPSI y Sociedades, de poner en marcha más programas de ayudas para pymes y autónomos, de abaratar el transporte de personas (sobre todo no residentes) y mercancías, de licitar más concursos y recurrir menos a medios propios como Tragsa y de desarrollar la vetusta normativa urbanística local. Entre otras cosas.
El PP, que no tiene la rémora socialista de no haber hecho en los últimos años lo que se reclama, ha cogido ventaja: el vicesecretario de Organización de Feijóo, Miguel Tellado, aseguró a finales de mayo en el hotel Puerta de África que el gallego llevará en su programa “todas” las reivindicaciones del empresariado caballa. Javier Maroto asumió la semana pasada que las exigencias recibidas son “altas”, pero “razonables”.
“Las decisiones que tome el nuevo Gobierno de España van a determinar el devenir de la economía de nuestra ciudad”, ha advertido la CECE en un comunicado en el que ha subrayado que “la realidad de las empresas es de manifiesta debilidad, una debilidad que corre el riesgo de convertirse en endémica”.
“La tendencia generalizada del último año en la destrucción de trabajo autónomo, tasas de paro encabezando las estadísticas nacionales, el bajo nivel de crecimiento del PIB en relación al nacional, insuficiente nivel de recuperación de nuestro comercio o el cierre de empresas”, ha enumerado, “representan síntomas de un diagnóstico para cuyo tratamiento se precisa del apoyo institucional de quienes toman las decisiones políticas a nivel nacional, sobre todo porque gran parte de los problemas se producen por temas de política internacional”.
Las diez propuestas de contenido “económico, tributario, comercial, normativo y político” de la CECE para “sentar las bases de un desarrollo económico sólido para Ceuta” vendrían a responder a “necesidades vitales para el sector empresarial”. “La próxima Presidencia del Gobierno de España debe ser consciente de que las empresas de Ceuta necesitan medidas urgentes y concretas para sobrevivir en el contexto de crisis en el que están inmersas”, ha resumido sobre sus diez reclamaciones.
La CECE considera que no basta “la aprobación definitiva del nuevo PGOU”, sino que hace falta que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana promueva “la elaboración de una Ley del Suelo y de un Plan Director que vertebre la ciudad” y “siente las bases de desarrollo urbanístico durante la próxima década”.
El Gobierno de Sánchez encargó en septiembre a Ángel Menéndez Rexach, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), los trabajos de asesoramiento técnico para la elaboración del anteproyecto de una Ley de Urbanismo para Ceuta y Melilla que el Consejo de Ministros decía querer aprobar antes de julio.
Decepcionada con las tres “pruebas piloto” desarrolladas con el país vecino, la patronal considera que “se debe avanzar en la creación de la aduana comercial” y que “el cumplimiento en la aplicación del régimen de viajeros por parte de Marruecos debe ser garantizado en condiciones de reciprocidad y sin más dilaciones injustificadas”.
Aunque el Gobierno de Sánchez dice que todo va según lo previsto, el diario ‘El País’ publicó la semana pasada la correspondencia marroquí que va dando largas a las autoridades españolas sobre la entrada en funcionamiento real del intercambio de mercancías entre Ceuta y el Reino alauita por el Tarajal.
El empresariado considera que hace falta abaratar el precio del transporte, sobre todo para los no residentes, ya que “de ello depende el turismo como alternativa a la dependencia de Marruecos”.
El Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta prevé constituir “un grupo de trabajo con la Ciudad Autónoma para impulsar un nuevo modelo de ayudas al transporte para residentes y no residentes”, pero no se ha creado.
La Confederación reclama “una ampliación de la bonificación del 50% al transporte marítimo de mercancías que se aplique de manera general a todas las mercancías”. Lo aprobado por el Consejo de Ministros limita el montante de las ayudas a 250.000 euros y las circunscribe solo a algunas como las basuras, los fletes de productos originarios o transformados en las ciudades autónomas, las peligrosas y la devolución de stocks comerciales
Los empresarios ven necesario “garantizar la viabilidad del REF ante cualquier escenario, tanto las bonificaciones fiscales como las de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, que el 1 de septiembre verán desaparecer el marco vigente del 50% para pasar a una cantidad fija mensual que perjudicaría a las bases de cotización superiores a 1.800 euros.
La CECE quiere “clarificar y actualizar” la normativa aduanera porque confía en “el desarrollo de herramientas para facilitar la mejora y creación de depósitos aduaneros que permitan el desarrollo económico de nuestras empresas y mediante la simplificación de trámites al tránsito de mercancías”.
Se trata de convertir a la ciudad en punto de venta para particulares de toda Europa de productos de terceros países, sobre todo asiáticos, por importes inferiores a 150 euros con la ventaja competitiva de no abonar el comprador los aranceles que se les exigirían si los adquiriese en cualquier otro punto de la Unión. Vivas cree que ese vector de desarrollo podría tener tanto éxito en términos de generación de empleo como el juego en línea.
La patronal reivindica cambios “en cuanto a los términos de deducibilidad y de eliminación de tributación en cascada en las distintas etapas del proceso productivo”.
Los empresarios reivindican más concursos “en detrimento de la utilización de medios propios para la realización de obras, proyectos, servicios y suministros”. Presa de su propia legislación, que ralentiza la ejecución de cualquier proyecto, Tragsa y otros instrumentos públicos periféricos son adjudicatarios de encargos por doquier.
“Esta medida”, reconoce la CECE, “se encuentra esbozada en el Plan Integral e incluye apoyo al sector productivo, la modernización y digitalización del tejido de las pymes, modernización y mejora de capacidades empresariales y firma de convenios, además de una especial incidencia a las ayudas al sector comercial”.
La Confederación reivindica “controlar y garantizar la completa aplicación y ejecución de los fondos de la UE destinados a Ceuta, con una especial vigilancia y transparencia en los fondos gestionados por la Administración del Estado.
El Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos todavía no ha dado una respuesta a la propuesta del Ejecutivo local de dedicar 225 millones a seis proyectos “tractores”: un nuevo puerto deportivo (50), una escuela de pilotos de helicóptero (30), un centro tecnológico (10), la 'Ciudad de la FP' (80), un programa de ayudas a fondo perdido (50) y rehabilitación energética (5)
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