La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha mantenido una reunión con el eurodiputado Jordi Cañas para tratar, entre otras cosas, “los incumplimientos de
Marruecos de su propia legislación y de los Tratados firmados con la UE, en los que la ciudad está incluida como parte del Reino de España”. La patronal se refiere a las restricciones que los aduaneros del país vecino imponen a la entrada de ciudadanos con productos adquiridos en la ciudad. Dichas limitaciones deberían respetar la normativa que da derecho a un marroquí a regresar del extranjero con souvenirs o regalos “dentro del límite de un valor total de 2.000 dirhams”, así como con su ropa personal, un frasco de perfume, 200 gramos de tabaco manufacturado y una botella de vino o de otro tipo de alcohol. Todo ello “sin declaraciones ni formalidades aduaneras y libres de impuestos”. La institución que preside Arantxa Campos se ha comprometido a informar de la situación actual del tránsito de mercancías y bienes en régimen de viajeros por la
frontera del Tarajal a Cañas y a “redoblar esfuerzos para que se haga llegar de forma oficial a la Comisión Europea los incumplimientos de Marruecos de su propia legislación y de los Tratados firmados con la
Unión Europea, en los que Ceuta está incluida como parte del Reino de España”. Hasta ahora las instituciones comunitarias han alegado que “ni España ni ningún otro Estado miembro de la UE han notificado a la Comisión ningún problema relacionado con los controles aduaneros o las exportaciones de mercancías de la UE a Marruecos”. La CECE también ha pedido a Cañas ayuda para conseguir cuántos residentes en las regiones de Tetuán y Tánger tienen visado Schengen y, por lo tanto, derecho a acceder a Ceuta por la frontera con el régimen impuesto tras su reapertura, que suprimió de hecho la excepcionalidad anterior. “Esta información previamente había sido solicitada a la Ciudad y a la
Delegación y es fundamental para conocer cuál es la alternativa económica para nuestras empresas en caso de eliminar la excepción Schengen, lo que afectaría a una clientela potencial de aproximadamente 450.000 habitantes de las provincias limítrofes a Ceuta”, ha argumentado la Confederación. En la reunión también se trasladó a Cañas la “preocupación” del empresariado por “el futuro de la aduana comercial”, para cuya habilitación la Administración General del Estado prevé iniciar de inmediato obras de emergencia en el Tarajal con el fin de que pueda estar operativa en primavera o verano de 2023.