El informe anual que sobre inmigración presentó ayer CEAR dedica un apartado en exclusiva a los sucesos, judicializados, registrados el 6 de febrero de 2014 cuando quince subsaharianos fallecieron en el intento de entrada a Ceuta bordeando el espigón del Tarajal.
Fueron precisamente estos episodios los que “situaron a las dos ciudades autónomas en el punto de mira de las autoridades españolas y europeas, de las organizaciones españolas e internacionales de defensa de los derechos humanos y de los medios de comunicación”, explica. Recuerda CEAR cómo durante ese año llevaron a cabo varias acciones judiciales, exigiendo “públicamente el estricto cumplimiento de la legalidad vigente y el respeto a los derechos humanos de las personas que llegan a las fronteras españolas”, exigencia que se completó con la personación en la causa junto a otras oenegés.
“Nuestro objetivo ha sido que se depuraran judicialmente las responsabilidades correspondientes. El proceso judicial sufrió muchas dilaciones”, lamenta la entidad, haciendo especial mención al hecho de que el juzgado número 6 pudiera haberse inhibido al no considerarse competente en favor de la Audiencia Nacional. La continuación de las investigaciones en Ceuta fueron motivo de aprobación por parte de la Comisión.
El tono crítico de CEAR se refleja en este informe en relación a las devoluciones en las fronteras que, aunque avaladas por ley, considera ilegales. “CEAR denunció a lo largo de 2014 esta práctica y exigió su fin inmediato porque vulneran la normativa nacional de extranjería y asilo, así como los convenios europeos e internacionales ratificados por España, que obligan a las autoridades a garantizar el principio de no devolución y a facilitar el acceso al procedimiento de protección internacional a las personas que llegan a nuestras fronteras”, insiste.
En este sentido, en febrero de 2014 CEAR remitió un informe al Comisario Europeo de Derechos Humanos y en abril del pasado año junto con otras organizaciones envió de manera conjunta una queja a la Comisión Europea para solicitar una investigación en profundidad de la práctica de expulsiones sumarias y colectivas en Ceuta y Melilla y, en caso de que proceda, se abra un procedimiento de infracción contra España, exigiendo al Gobierno el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la legalidad vigente en las actuaciones que se llevan a cabo en estas fronteras.
En mayo de 2014, CEAR interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección General de la Guardia Civil que establece el Protocolo Operativo de Vigilancia de Fronteras con el que avala las devoluciones ilegales.
A la cola de Europa en compromiso con los refugiados y una Ceuta expuesta a peligros
España está “a la cola de Europa en el compromiso con las personas refugiadas, ya que recibió menos del 1% de las 625.000 solicitudes que llegaron a la Unión Europea”, según refleja el último informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
En 2014, España ofreció protección internacional a 1.585 personas, provenientes sobre todo de Siria y Ucrania, de las cuales sólo se les concedió el estatuto de refugiado a 384.
CEAR llama la atención sobre el alto número de resoluciones desfavorables, que alcanzó un 56%. “Son datos que muestran con claridad el escaso compromiso tanto de España como del conjunto de la Unión Europea con las personas refugiadas”, destaca. Además, desde la organización lamentaron que la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, que da cobertura legal a las devoluciones ilegales en Ceuta y Melilla, supone un importante retroceso en el derecho de asilo. “A pesar de la puesta en marcha de las Oficinas de Asilo en Ceuta y Melilla, las personas de origen subsahariano siguen siendo las grandes excluidas por no permitírsele el acceso a las mismas”, indicó la oenegé. El año pasado en Ceuta se presentaron 392 solicitudes de protección internacional. En el informe además se hace mención específica a las peligrosas situaciones que se producen en la zona portuaria con polizones de protagonistas que se ocultan en contenedores o bateas de transporte marítimo de mercancías. “En parte, se trata de adolescentes que, tras salir o escaparse de los centros de
menores, buscan esconderse o camuflarse entre las mercancías para cruzar el Estrecho”. El riesgo mayor lo sufren los niños.
