La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado este viernes su informe anual 2021 en el que se detiene específicamente en la situación de las personas refugiadas tanto en España como en Europa. Aborda además los continuos episodios de devoluciones en caliente y las peticiones de asilo en Ceuta y
Melilla. CEAR vuelve a solicitar el fin de las devoluciones así como el cierre de los CIE, reclamando la puesta en marcha de una regularización extraordinaria de inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular. Según CEAR, España volvió a defraudar a las personas refugiadas el pasado año, aprobando tan solo una de cada 20 solicitudes de asilo, muy lejos de la tasa media de reconocimiento del 33% de los países de
la Unión Europea. Aunque al mismo tiempo concedió la autorización de residencia por razones humanitarias a cerca de 41.000 personas, en su práctica totalidad procedentes de Venezuela. El informe recoge un capítulo destacado para Ceuta y Melilla, aludiendo a cómo la pandemia ha repercutido de forma drástica en la llegada de personas a ambas ciudades autónomas. En el caso de Ceuta disminuyó el 62% y fue especialmente relevante el descenso por vía terrestre (340, respecto a las 1362 personas en 2019); por mar lo hicieron 430 personas frente a las 655 del año anterior. Esta reducción aún fue más acentuada en Melilla (75% menos que en 2019), puesto que por vía terrestre llegaron 1415 personas (4984 en 2019) y por vía marítima solo 43 (898 en 2019). La reducción de vías de entrada desde el 13 de marzo acentuó la peligrosidad del trayecto migratorio de quienes intentaron acceder a estas ciudades. La imposibilidad de hacerlo a través de las fronteras de Beni Enzar (Melilla) y El Tarajal (Ceuta) hizo que algunas personas optasen por tomar embarcaciones o intentar llegar a nado, en ocasiones con consecuencias fatales. Además no se ha podido concretar cómo ha afectado este cierre a las personas LGBTIQ+.
Peticiones de asilo en descenso y cambio en el perfil
Las peticiones de asilo –antes de la entrada masiva de mayo- también disminuyeron.
En 2020 consta que 285 personas pidieron asilo, frente a las 579 del año anterior, cambiando de manera sustancial las nacionalidades al ser marroquíes o argelinos. En cuanto al procedimiento, cabe destacar también que a partir de agosto la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía de Ceuta asumió las competencias en la tramitación de las solicitudes de protección internacional que tradicionalmente había ostentado la Oficina de Extranjeros, dependiente de
la Delegación del Gobierno, y desde entonces las entrevistas se realizan en la oficina de asilo del puesto fronterizo de El Tarajal. En cuanto a la ocupación del
CETI, desde Ceuta se trasladó a 145 personas a la Península en los meses de marzo y abril con el fin de descongestionar un CETI que ya se encontraba por debajo de su máxima ocupación. Uno de los graves problemas que sigue dándose en la ciudad es la imposibilidad de tránsito libre de solicitantes de asilo con petición admitida a trámite. Así el año pasado en Ceuta se presentaron 133 recursos administrativos contra la inserción de la mención ‘válido solo en Ceuta’ en la documentación de las personas solicitantes de protección internacional y se tramitaron 77 recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dictó 37 sentencias favorables para las personas solicitantes.
Asimismo, este Tribunal ordenó cautelarmente el traslado a territorio peninsular de 27 solicitantes de protección internacional en Ceuta mientras se sustanciaba el procedimiento judicial. A pesar de que el Supremo se pronunció favorablemente, ha tardado en aplicarse dicho dictamen judicial, tanto es así que las 90 personas usuarias de CEAR que todavía estaban en diciembre en el CETI llevaban un año de media. En Ceuta solo se retomaron los traslados de solicitantes de asilo a partir de septiembre y además con la exigencia de unos requisitos no establecidos por el Tribunal Supremo, mientras que, en Melilla, al margen de las medidas adoptadas con motivo de la crisis sanitaria, los traslados solo se normalizaron a partir de diciembre. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras dejó de insertar la leyenda ‘válido sólo en Ceuta/Melilla’ en la documentación de las personas solicitantes de asilo. Y el 30 de diciembre el Gobierno, en respuesta a una pregunta parlamentaria, se comprometió a garantizar el derecho a la libertad de circulación de las personas solicitantes de asilo en estas ciudades y adelantó que la Secretaría de Estado de Seguridad y la Subsecretaría del Ministerio del Interior preparaban una actuación conjunta para el cumplimiento de la sentencia.
Sobre las devoluciones en caliente
A pesar de los pronunciamientos judiciales para que no se lleven a cabo
devoluciones en caliente, en la práctica todo sigue igual al no existir un protocolo de actuación en los perímetros fronterizos, por lo que “persiste la inseguridad jurídica” y, por consiguiente, “se incumplen las obligaciones internacionales de derechos humanos adquiridas por España”. “Es necesario, por tanto, definir un procedimiento claro sobre cómo ejecutar el re-chazo en frontera respetando la legalidad vigente y asegurando un verdadero acceso a la protección internacional, así como el respeto al principio de no devolución. El procedimiento actual impide identificar a las personas y por tanto asegurar el acceso a sus derechos fundamentales. Es más, tal y como indicó la magistrada del TC María Luisa Balaguer en su voto particular: ‘La devolución en frontera criminaliza al migrante irregular y la sentencia le impide, de facto, defender ninguno de los derechos humanos de que es titular’. Como esta magistrada, CEAR reitera que la disposición final primera de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana debería haber sido declarada inconstitucional y nula”, expone en el informe. A pesar del descenso en las llegadas a través de Ceuta y Melilla, CEAR denuncia que, a lo largo del año, se produjeron al menos 212 devoluciones en caliente. En ese sentido, la entidad apunta que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo como el Constitucional español ya señalaron las garantías legales exigibles, requisitos que según CEAR tanto en estos casos como en los más recientes en Ceuta no se llevaron a cabo.