El sindicato cree que, tal y como indica el anteproyecto, perjudicará al empleo y a los servicios La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) considera que el anteproyecto de ley del Gobierno sobre la reforma de la Administración local “es un problema de todos los ciudadanos”, tal y como manifestó ayer en rueda de prensa el secretario general de esta Federación en la ciudad, Emilio Postigo.
El secretario general estatal del Sector Local, Joan Gasull, y el responsable estatal de Información de la FSC-CCOO, Vicente Alfonso, estuvieron ayer en la ciudad con motivo de la campaña informativa que están desarrollando para explicar a los representantes de los trabajadores en qué consiste el anteproyecto de ley del Gobierno de la nación. “La gente ha de saber que lo que aquí se juega son los servicios hacia los ciudadanos, que se van a perder, se van a encarecer, y la calidad se va a menguar, posiblemente; y en el conjunto de los trabajadores públicos, también vamos a perder condiciones y puestos de trabajo. Es una pérdida general de la ciudadanía, porque somos trabajadores públicos pero, a la vez, también ciudadanos”, explicó Gasull, para añadir que, además, el sindicato ha presentado sus alegaciones y está recogiendo firmas digitales en un blog, “para el rechazo de esta ley”. El sindicalista también dijo que si se pierden puestos de trabajo o poder adquisitivo en la Administración, descendería el consumo y afectaría de esta manera también a quienes dependen del sector privado.
Gasull ofreció el dato, según la EPA, de puestos de trabajo que se pierden a diario en las administraciones locales: 221, por lo que añadió que si continúa esta tendencia, “significaría que al margen de lo que supone la aplicación de la reforma, habría a final de año 81.000 puestos de trabajo menos dentro de la Administración”. A esta cifra dijo que hay que sumarle la pérdida de empleo que, entiende el sindicato, supondría la aplicación de esta norma, unos 200.000.
CCOO advierte también de que van a “desaparecer” servicios de la gestión directa y van a pasar al ámbito privado y que esta reforma restaría capacidad de negociación a los representantes legítimos de los trabajadores.
Gasull recordó que la Administración Local “es la primera que tiene el ciudadano y a la que a recurre cada vez que tiene un problema”, por lo que si este anteproyecto se convirtiera en ley y se aplicara “muchos de los pueblos y municipios de España, quedarían muy desatendidos”.
Según el sindicalista, la privatización de los servicios se produciría porque muchos de ellos “ya vendrían marcados por un precio estándar”. Añadió que “en el propio anteproyecto ya recoge que la forma de determinar los servicios públicos ha de ser con respecto a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, responsabilidad, lealtad institucional y eficacia en el uso de los recursos públicos de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Con lo cual, está diciendo que lo mismo que se les exige a los otros municipios también se les va a exigir propiamente a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.
Después de la rueda de prensa, los sindicalistas explicaron la reforma y sus consecuencias a los delegados y a las distintas secciones sindicales.
