Comisiones Obreras y
UGT consideran que la aprobación del anteproyecto de Ley de Función Pública para la Administración General del Estado en el Consejo de Ministros se ha llevado a cabo "con prisas y sin la necesaria negociación colectiva", comprometida en el acuerdo marco firmado en octubre con las
organizaciones sindicales y en el que
CCOO ha propuesto la actualización de la
Indemnización por Residencia para territorios no peninsulares como Ceuta. Los sindicatos destacan la "imprescindible" mejora en materias "tan esenciales" como retribuciones, carrera profesional, igualdad, transparencia o jornada, entre otras. Ambas centrales sindicales han exigido al Gobierno la negociación "completa" del anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros, al entender que "limita los derechos de la plantilla". En su valoración sobre el texto recogen más de una decena de propuestas a incorporar al mismo. Los sindicatos valoran que, tras 15 años de retraso en el desarrollo del
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), su firma en el Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI y la exigencia de la apertura de un grupo de trabajo hayan servido para abrir "un espacio de negociación de esta ley, la más importante y esencial de la Administración General del Estado", como señalan en un comunicado. Lamentan que el contenido aprobado "se parezca más a un manual de gestión de recursos humanos que a una ley que tiene que recoger y garantizar los derechos de las empleadas públicas y los empleados públicos". Entre los aspectos más destacados, mencionan la inclusión de los complementos de carrera y de evaluación del desempeño, a pesar del retraso en su implantación en la Administración General del Estado y las consecuencias en las retribuciones que viene suponiendo la falta de estos en las nóminas del personal. Consideran, sin embargo, que es "imprescindible consolidar las horquillas de niveles de complementos específicos y complementos de destino" comprometidas en el acuerdo de fondos adicionales 2018-2020, además de recuperar la estructura de las pagas extraordinarias previa a 2010.
Valoran "positivamente" la configuración de la carrera profesional
CCOO y UGT valoran "positivamente" la configuración de la carrera profesional, aunque entienden que es necesario avanzar en el establecimiento de "escalones y cuantías, en línea con lo que se viene produciendo solo para determinados cuerpos y escalas de la Administración del Estado". En la misma línea, consideran esencial concretar los contenidos del título sobre igualdad, comprometido en el acuerdo marco, pero que queda diluido por tratarse de recomendaciones y por no fijar para las empleadas públicas y los empleados públicos los mismos contenidos de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva. Exigen, además, la modificación de régimen disciplinario para permitir la sanción administrativa en casos de acoso sexual y por razón de sexo. Finalmente, lamentan la omisión del carácter máximo de la jornada semanal en 35 horas, un aspecto recogido en el acuerdo y que entienden que debe tener reflejo en este anteproyecto, junto a la mención de otros derechos como la jornada flexible, los períodos mínimos de descanso o la conciliación, entre otros.
"Mayor compromiso" con el personal público
CCOO y UGT piden al Gobierno un "mayor compromiso" con el personal público y que debe concretarse en "una ley contundente y garantista", y que evite la actual referencia a desarrollos reglamentarios. Los sindicatos concluyen recordando otros aspectos que será necesario incluir en el anteproyecto como la aplicación al personal laboral, los sistemas de provisión y movilidad, la garantía de cobertura de plazas publicadas en ofertas de empleo público, la jubilación parcial y la prolongación del servicio activo. Además, otros de los aspectos que piden es la modificación del régimen de clases pasivas, la constitución del grupo B y la definición de áreas funcionales de los actuales cuerpos, escalas y grupos de clasificación profesional, la consolidación del acuerdo de promoción interna, el incremento de la indemnización por residencia en los territorios no peninsulares, la evaluación del desempeño, la participación sindical y la negociación colectiva y la eliminación de aquellos artículos que restringen derechos adquiridos.