Comisiones Obreras se planta contra las reformas del ministro Alberto Ruiz Gallardón porque, dicen, no persigue más que “desmantelar” la justicia. Por eso convoca y respalda la concentración que tendrá lugar ante las puertas del TS el próximo 8 de octubre, con motivo de la apertura del año judicial.
Privatización del Registro Civil, alejamiento de la justicia del ciudadano, privatización de asuntos hasta ahora judiciales, tasas... conforman algunas de las quejas que han motivado este plante sindical.
“El Gobierno del PP ha decidido proceder también al desmantelamiento de otro de los pilares de los Servicios Públicos indispensables para garantizar los derechos de la ciudadanía: la Administración de Justicia, y para ello, el ministro de Justicia Gallardón, viene presentando diferentes proyectos, algunos ya aprobados”, denuncia el sindicato.
Para CCOO la privatización, por ejemplo, del Registro Civil, va a suponer que los usuarios tengan que pagar por un servicio público, obligatorio, y que hasta el momento y durante más de decenas de años ha sido público, universal y gratuito.
El sindicato advierte, por ejemplo, que se van a gestionar datos de carácter privado por personal externo y señala que se van a suprimir cerca de 4.000 empleos públicos, “porque ni siquiera el subsecretario de Justicia ha sido capaz de garantizar todos los puestos de trabajo actualmente existentes en las reuniones mantenidas con los representantes de los trabajadores desde el 4 de julio en que el Gobierno aprobó la privatización”, denuncian.
El sindicato critica además que con medidas de este tipo, miembros del Gobierno podrían estar incurriendo “en un presunto delito de tráfico de influencias (artículo 428 Código Penal) o negociaciones prohibidas a funcionarios (artículo 439 Código Penal), además de incurrir en presuntas responsabilidades en relación con lo que se deriva de lo regulado en la ley 5/2006 de de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado”.
En cuanto a la agravación de las consecuencias jurídico-penales, CCOO denuncia el incremento de los supuestos que constituyen delito, ya que transforma las faltas en delitos leves, o la supresión de faltas que se remiten a la vía gubernativa, “obligando a los administrados a iniciar la vía judicial oportuna en caso de desacuerdo, con el pago de la tasas correspondiente, con los efectos disuasorios que ha demostrado tener, con la consecuencias de posible indefensión para los sancionados gubernativamente por las enormes dificultades que se les crean para su defensa”, explica el sindicato.
“La introducción de la condena de prisión permanente revisable; el abuso de la medida de libertad vigilada o la ampliación de los denominados delitos contra el orden público, endureciendo los tipos relacionados con el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y huelga”, completan las críticas que llevarán a CCOO a plantarse ante los cambios avalados por el Gobierno central.
