Insta a retirar las autorizaciones a aquellas empresas que incumplan la legislación vigente. La Federación de Servicios Privados de CCOO propuso ayer al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, una batería de “sugerencias” que de admitirla, subrayó, “tendremos un personal operativo deseoso de demostrar su valía y potencial”. El sindicato formuló estas indicaciones ante la “inminente reforma de la legislación que regula las funciones propias de los profesionales” de este sector, el cual calificó de “imprescindible” para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
A raíz de esta reforma, se preguntaron los comisionistas, “¿se les va a proporcionar la consideración de agentes de la autoridad?”. Esta Federación recordó que el sector está “siempre dispuesto a afrontar nuevas competencias y retos” como por ejemplo la guardia y custodia de los centros penitenciarios o la protección de infraestructuras críticas. Sin embargo, aclaró, esos retos convertirán a estos profesionales en objetivo tanto de los delincuentes comunes y tendrán una “diana dibujada en la nunca” para las organizaciones terroristas.
Esta central lanzó al aire otra cuestión: “Ante catástrofe que se pueda producir en el país”, ¿se contará con el personal de seguridad, dotándoles de los medios y la formación adecuada?”. También consideran una “buena idea” que el colectivo pueda tener una “uniformidad única, cambio de distintivo y de su denominación por agente de seguridad privada”.
El sindicato planteó que a esta profesión se acceda mediante “módulos de grado superior de Formación Profesional” y que, por tanto, la seguridad privada sea incluida dentro del catálogo de módulos profesionales del Ministerio de Educación de modo que no sea mediante centros privados.
No obstante, puntualizó CCOO, estas medidas tienen que estar acompañadas de “mejoras en la dotación” ante la “reducción al mínimo de la inversión” realizada por las empresas de seguridad privada en radio-teléfonos, emisoras, linternas y chalecos antibalas, entre otro material. Añadió que es pertinente autorizar una dotación obligatoria para cada agente de seguridad como la defensa extensible semirrígida, sprays, taser o arma de electrochoque “para reducir, detener y poner a disposición de las Fuerzas de Seguridad dentro del marco de proporcionalidad, congruencia y oportunidad”.
Esta Federación comisionista recomienda que se prohiba a las empresas de seguridad poder ofrecer servicios distintos a los de seguridad desde la misma sede o local a fin de proteger al máximo datos confidenciales y actividades propias de la seguridad.
Además, instó a la “retirada de la autorización para las empresas que incumplan la legislación vigente para poder ejercer” y que la administración pueda pedir informes para impedir que opten a a servicios pagados con fondos públicos.
