Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta pidió este miércoles por escrito a la delegada del Gobierno en la ciudad, Salvadora Mateos, que ponga en marcha un “plan de inspección específico” sobre las empresas de la ciudad que han registrado expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) ligados a la situación de pandemia por el coronavirus, que disparó por encima de 3.000 en los tiempos del confinamiento más estricto el número de personas locales que se quedaron provisionalmente sin puesto de trabajo.
El objetivo de dicho plan sería “cerciorarse de que se está cumpliendo la normativa”, ya que la central que lidera Juan Luis Aróstegui teme que puedan estar dándose “posibles bolsas de fraude” que “no solo supondrían una actitud empresarial insolidaria y antieconómica, sino también un perjuicio para los trabajadores”.
Fuentes de CCOO han indicado que dos son los grandes motivos de preocupación para el sindicato. Por un lado, la existencia de personas que siguen en situación de ERTE y a las que paga por tanto la Administración tres cuartas partes de sus emolumentos habituales “pero que han sido reclamadas para regresar a sus puestos por los empresarios”.
Por otro, que haya quienes estén aprovechándose de que el periodo de 6 meses en el que no puede destruir empleo la empresa acogida a un ERTE empieza a contar cuando se recupera al primer trabajador afectado.
La fecha de inicio del ERTE es la del primer día en que cada trabajador vea suspendida su relación laboral o reducida su jornada de trabajo. Para la fecha final se indicará la fecha en que esté previsto que finalice el estado de alarma, la fecha conocida en el momento de remitir el fichero, salvo que la empresa considere que el trabajador vaya a estar en suspensión o reducción menos tiempo, por retornar a la actividad empresarial.
En ese caso se indicará la fecha final que corresponda al caso específico para cada trabajador, teniendo en cuenta que esta información desencadena la interrupción de la prestación por desempleo.
En la primera prórroga de los ERTE se flexibilizó la cláusula original que vinculaba las exoneraciones de cuotas por fuerza mayor derivadas de la COVID-19 a que las empresas mantuvieran el empleo durante seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, aunque no desapareció, ya que se acordó pasar a “valorar” las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo. A finales de junio el compromiso se reacomodó en el caso de los nuevos ERTEs, ya que estableció que tendría que “computarse desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley”.
La presente semana ha comenzado en la ciudad con 1.171 trabajadores todavía en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, 656 hombres y 515 mujeres, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Apenas han salido de esa situación durante los últimos dos meses el 50,2% de quienes lo estaban en la primera semana de mayo, el porcentaje más bajo de todas las provincias del país, cuya media estatal de vuelta a los puestos de trabajo supera el 61,5%.
En el caso de los ERTE no de fuerza mayor, la cifra de afectados el pasado lunes se elevaba en Ceuta a 220 personas, 150 varones y 70 féminas, un 42,2% menos que nueve semanas atrás.
A finales de junio un nuevo Real Decreto-ley amplió el ámbito temporal de los ERTE por fuerza mayor e introdujo otras novedades como el establecimiento de determinadas prohibiciones a los ERTE, la aplicación de la exoneración de las cotizaciones a los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas o la extensión de la prohibición de despedir.
Se acordó entonces permitir la aplicación de los expedientes de regulación de empleo temporal por causa de fuerza mayor solicitados antes de su entrada en vigor, como máximo, hasta el 30 de septiembre próximo.
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